La jueza imputa a la exconsejera de Mazón por el «tardío» aviso de la dana
ESPAÑA
La instructora subraya que hubo anuncios de la «gravedad» de la dana desde «diversos ámbitos y con antelación suficiente». Rechaza citar como investigado a Mazón al estar aforado pero le ofrece hacerlo voluntariamente. La señalada Salomé Pradas ha dicho que siempre ayudará a que se conozca «toda la verdad»
10 mar 2025 . Actualizado a las 18:09 h.Tras una semana de relativa calma en cuanto a nuevos autos del juzgado de Catarroja, el encargado de la investigación de la dana, la titular ha vuelto este lunes a notificar diferentes resoluciones. El caso se sitúa todavía en la fase embrionaria de una investigación de una magnitud enorme, con 227 víctimas mortales y la participación en la emergencia, en mayor o menor medida, de tres estadios de la Administración (local, autonómica y central) y numerosos organismos.
La titular ha querido acotar la investigación al retraso en el envío del mensaje del Es Alert, un aviso que se recibió a las 20.11 cuando el barranco del Poyo se había desbordado por completo y numerosas localidades de Valencia padecían ya los efectos de la inundación. Y de ahí se ha producido la imputación de la exconsejera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, según el auto notificado este lunes a las partes.
Se trata de dos personas clave en la gestión de la emergencia de aquella fatídica tarde. Por un lado, Pradas fue la máxima responsable de la convocatoria del Cecopi a las 17 horas de la tarde de la dana. En el caso del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la resolución explica que no le llama a declarar como imputado en la causa «sin perjuicio de que él lo pida voluntariamente».
También se le atribuye, como mando único del dispositivo, el envío del «tardío y erróneo» mensaje del Es Alert, siempre según el relato provisional de la jueza. Por su parte, Emilio Argüeso, era la mano derecha de la consejera como secretario autonómico de Emergencias. El político proviene del núcleo de Ciudadanos y no había tenido, al igual que Pradas, ninguna experiencia previa en la materia.
La jueza, en el auto, recuerda que el Estatuto de Autonomía recoge que las competencias de Protección Civil son de la Generalitat. La resolución insiste en lo tardío del mensaje, pero también en lo desacertado del contenido. «La dana no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, su avance y desarrollo ya fue anunciado por la Amet, hasta el punto de que la Universitat de Valencia, acordó la suspensión completa de sus actividades».
La instructora apunta, en clara referencia a Salomé Pradas, que las previsiones meteorológicas «debieron llevar a una convocatoria en la mañana del 29 de octubre de 2024 del Cecopi, al objeto cuanto menos de avisar a la población». La jueza destaca, en este sentido, las advertencias de diferentes medios de comunicación y en las coberturas que ya estaban ofreciendo en esas primeras horas. La conclusión parece clara: «La convocatoria del Cecopi se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la administración autonómica se produjo con un retraso todavía mayor».
La jueza recuerda el pasado trágico de la Comunitat en este tipo de lluvias torrenciales. «Constituye un saber común las repercusiones mortales de la riada de 1957 y la pantanada de Tous». Pero la administración no tomó medidas. «Ello constituye precisamente el fundamento de la negligencia con relevancia penal, la imprudencia grave», recoge el auto. El anuncio de las precipitaciones que hacía previsible las gravísimas consecuencias y la sucesión de afectados a medida que el agua y el barro se desplazaba asolando poblaciones «con una inactividad patente de la administración autonómica», subraya la instructora.
La jueza subraya la posición de garante de la Generalitat en todo el suceso y su obligación de proteger a la ciudadanía ante la amenaza de las lluvias y los desbordamientos. «La instrucción habrá de determinar las causas, que hasta el momento no resultan explicables, de por qué no se indicó a la población de que se resguardara subiendo a zonas altas, más allá del doloroso, por su tardanza, e incompleto, por su contenido, mensaje que se ceñía a evitar desplazamientos».
Salomé Pradas: Siempre ayudaré a que se conozca toda la verdad sobre la gestión de la dana
La exconsellera del Gobierno valenciano Salomé Pradas, citada a declarar como investigada sobre la gestión de la dana, ha señalado que siempre ayudará a que se conozca «toda la verdad», en unos momentos en los que, defiende, atendió las funciones institucionales que le correspondían «desde el primer minuto hasta el último».
En un comunicado remitido a Efe, Pradas informa de que se va a personar en el procedimiento que sigue el juzgado de Catarroja que instruye la investigación sobre la gestión de la dana en Valencia, y que hoy ha citado a declarar como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior y al ex secretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso, y lo ha rechazado respecto al president de la Generalitat, Carlos Mazón, sin perjuicio de que él lo pida voluntariamente.
«Siempre estaré en disposición de poder ayudar a que se conozca toda la verdad sobre las circunstancias que rodearon la gestión de la emergencia de la catástrofe natural, la verdad de unas horas y unos días en los que me mantuve, desde el primer minuto hasta el último, atendiendo las funciones institucionales que me correspondían según la normativa aplicable», ha defendido.
Pradas señala que ha tenido conocimiento de su citación como investigada por los medios de comunicación y, dada la trascendencia informativa de la causa, sus abogados y su procuradora van a proceder a la personación en el procedimiento, para conocer la instrucción y las resoluciones dictadas durante varios meses y hasta esta fecha, «a fin de hacer valer los derechos que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico me confieren», indica en ese comunicado.
La que era consellera en el momento de la dana ha anunciado que no hará más pronunciamientos hasta su declaración en sede judicial «por respeto a las víctimas, a los damnificados y a la instrucción judicial».