Un cinturón, dos menores con historial delictivo y una fuga fallida: lo que se sabe del asesinato de una educadora social en Badajoz
ESPAÑA
Los dos chicos de 14 y 15 años, presuntos autores del crimen junto a otra joven de 17, eran conocidos habituales de la policía. Uno cometió hasta 37 delitos en un fin de semana, y el otro agredió a su padre hasta romperle la nariz
11 mar 2025 . Actualizado a las 14:07 h.Eran las ocho de la tarde del pasado domingo cuando Belén Cortés Flor, educadora social, entró a trabajar a un chalé de la Urbanización Guadiana de Badajoz. Su turno, cuidando ininterrumpidamente de los cuatro menores que residían en esa vivienda tutelada, debía durar hasta las ocho de la mañana siguiente. Sin embargo, solo tres horas después unos agentes de policía encontraron su cuerpo sin vida. Había sido golpeada y asfixiada; tenía un cinturón alrededor del cuello.
Los presuntos culpables del crimen son tres de los menores que habitaban en el inmueble. El cuarto fue el que avisó casi de forma inmediata a las autoridades de lo que habría sucedido. Los implicados son una joven de 17 años y dos chicos de 15 y 14 años.Tras asesinar presuntamente a su educadora, los tres se montaron en su coche, un Renault Mégane de color gris, y pusieron rumbo a Mérida. A solo diez kilómetros de su destino sufrieron un accidente —por causas que todavía se desconocen— y abandonaron el vehículo, que la policía encontraría después vacío. Los agentes suponen que consiguieron llegar a la capital extremeña haciendo autostop durante las horas siguientes, porque allí fueron detenidos dos de ellos sobre las siete de la mañana del lunes. El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha decretado para los tres la medida de internamiento en régimen cerrado. La autopsia de la trabajadora asesinada se realizará en las próximas horas en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz, para conocer la causa de la muerte. El cadáver presentaba golpes y signos de asfixia.
Los dos varones ya cumplían medidas judiciales por diversos delitos anteriores, pero no estaban internados en el piso tutelado. Ambos fueron trasladados desde Mérida a Badajoz hace poco más de un mes para ingresar en una vivienda como esta, en la que permanecen acompañados las 24 horas del día. El pasado 1 de marzo, durante los carnavales, se fugaron del inmueble. El padre de uno de ellos alertó a la prensa de la desaparición de su hijo, que fue localizado el viernes 7 de marzo junto al otro menor. Al día siguiente, la jornada previa a que cometiesen el crimen, la Guardia Civil los devolvió al piso tutelado. Según informa El Mundo, el chico de 15 años era especialmente conflictivo y un viejo conocido de las autoridades por su especialidad en el hurto de vehículos, que él mismo conducía para huir de otro tipo de delitos. Las mismas fuentes explican al citado diario que el menor llegó a cometer hasta 37 delitos en un mismo fin de semana. Matriculado en un centro de Educación Secundaria en Mérida, jugaba al balonmano e incluso llegó a realizar unas pruebas con la selección extremeña. Pero lo expulsaron del equipo por pegar a otro jugador. El otro menor, que ya había cumplido los 14 años, residía en el piso tutelado a raíz de haber agredido a su padre hasta cuatro veces en el intervalo de un mes y medio. Acabó rompiéndole la nariz.
Un cambio en la ley
En la vivienda en la que trabajaba Belén, y en la que se perpetró el crimen, lo hacían también otras cuatro auxiliares técnicos educativas que rotaban en diferentes turnos. «Se vivía una situación muy difícil desde hace quince días, con algunos robos y fugas», ha explicado a Efe una de ellas. «Esta tragedia le podría haber ocurrido a cualquiera de nosotras», ha agregado la educadora. Este mismo lunes, más de medio centenar de trabajadores de centros de menores y pisos tutelados, junto con representantes de sindicatos, se concentraron en Badajoz para reclamar más seguridad. «Estos chicos son mayores, tienen más conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal», explicaba a los medios y entre lágrimas Sheila Gómez, una compañera de la víctima. Gómez denunció que los trabajadores de los pisos tutelados «están totalmente desamparados y desprotegidos», ya que «no tienen vigilantes, no tienen cámaras de seguridad, y al final ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todos».
Los trabajadores sociales reclamaron un cambio de la ley del menor: «Les sale muy barato matar. Y no hay consecuencias para ellos», dijo Gómez a los medios. En España, a partir de los 14 años se considera que una persona es penalmente responsable. No obstante, la respuesta de la ley a esa responsabilidad es distinta que la de los adultos: mientras que a estos se les imponen penas, a los menores de edad se les sanciona con medidas orientadas a su reeducación. La más grave de las medidas es el internamiento en centro cerrado, medida privativa de libertad que se impone por la comisión de los delitos más graves y que puede tener carácter cautelar, es decir, imponerse a la espera de juicio.