Montero critica a las asociaciones de jueces y las acusa de situarse con el PP
ESPAÑA
«Me gustaría que la misma contundencia se tuviera cuando es otro partido el que se pronuncia», dice un día después de pedir disculpas por haber cuestionado el principio de presunción de inocencia
02 abr 2025 . Actualizado a las 21:58 h.Veinticuatro horas después de haber pedido disculpas por sus declaraciones en las que consideró «una vergüenza» que la presunción de inocencia pese más ante los jueces que las acusaciones de mujeres jóvenes que denuncian haber sido agredidas sexualmente, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, volvió a la carga sobre el caso del exfutbolista Dani Alves, absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de un delito de violación.
Montero llamó la atención sobre las críticas que ella ha recibido de las asociaciones de jueces y fiscales y del propio Consejo General del Poder Judicial y afirmó que le «gustaría» que esos mismos colectivos de magistrados criticaran con la «misma contundencia» declaraciones de otros partidos o de otros políticos que cuestionan por ejemplo «sentencias del Tribunal Constitucional», en referencia al PP.
Respecto a por qué no pidió disculpas por sus palabras hasta 72 horas después de pronunciarlas, la ministra de Hacienda señaló que se disculpó el pasado martes porque fue la primera vez que tuvo «ocasión de estar compareciendo ante los medios de comunicación» desde que pronunciara su polémico discurso en un mitin del PSOE.
Matiza sus disculpas
Matizó además su petición de disculpas, precisando que ella ha pedido perdón «por la forma» en la que se expresó. «Seguro que no fue la más correcta, porque creo que se estaba desviando el debate de lo que realmente importa», que es, a su juicio, «qué ocurre con las víctimas» de agresiones sexuales y «cómo podemos no revictimizarlas».
Montero indicó que le preocupa mucho que, tras la resolución del alto tribunal catalán absolviendo a Dani Alves, «alguien piense que es mejor no denunciar porque su testimonio no vaya a tener credibilidad» ante los juzgados y que, por tanto, «las chicas se callen, se marchen con ese dolor, no hagan nada y demos pasos para atrás que significan un retroceso» respecto a lo que se había avanzado en esta materia.
Según explicó, «la mayoría de los juristas» españoles «tienen un trabajo intachable» y, «por supuesto, neutral», que aplican de forma «absolutamente rigurosa» las leyes. Aún así, insistió en que le llama la atención que tras sus declaraciones, «las asociaciones de jueces» salieran a criticarlas.
«Me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político, otra persona perteneciente» a otro partido, la que «critica determinadas sentencias, cuando dice que van a controlar por la sala de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo», o «cuando se cuestionan todas las sentencias del Tribunal Constitucional y, por tanto, parece que da igual lo que diga este órgano», aludiendo al PP.
Defendió como «robusto» el sistema de Justicia en España, pero llamó la atención sobre el hecho de que «cuando determinados magistrados hacen pronunciamientos políticos o manifestaciones políticas en contra de leyes como la amnistía, o en contra de determinadas ministras», no se responda con «la misma contundencia» desde las asociaciones de jueces.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, afirmó también que en la lucha contra la violencia de género queda mucho camino por recorrer y falta concienciación, también de «algunos jueces». Respecto a la petición de disculpas de María Jesús Montero, dijo que «si la vicepresidenta del Gobierno ha aclarado sus palabras, yo creo que ella ha dejado claro que lo quería trasladar desde el respeto».
La Fiscalía recurrirá ante el Tribunal Supremo la absolución de Dani Alves
La Fiscalía Superior de Justicia Cataluña (TSJC) presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que absuelve al futbolista Dani Alves de la violación de una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, en diciembre de 2022. Según informó en una nota de prensa, el ministerio público formalizó este miércoles ante la sala civil y penal del TSJC el anuncio del recurso, que corresponderá presentar a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
El recurso se basará en que la sentencia del TSJC que revoca la condena de cuatro años y medio de prisión que la Audiencia de Barcelona impuso a Alves infringe preceptos constitucionales y principios del Código Penal. La Fiscalía, de hecho, ya había recurrido la condena de Alves pero en el sentido contrario a la resolución del TSJC: pedía que se le elevara la pena a nueve años de prisión al cuestionar que se le aplicara la atenuante de reparación del daño por los 150.000 euros que entregó al juzgado para cubrir una futura indemnización a la víctima.
Acusación particular
También la acusación particular, ejercida por la abogada Ester García, anunció su intención de recurrir la sentencia ante el Supremo, aunque pendiente de valorar si la denunciante está en disposición de sobrellevar el desgaste «emocional» que supone seguir adelante con el caso, teniendo en cuenta que el alto tribunal puede tardar más de un año en resolver.
La Fiscalía fundamenta su recurso de casación en los únicos resquicios legales que le facultan a apelar la sentencia —vulneración de preceptos legales o constitucionales— dado que el Supremo no puede revisar las pruebas de un proceso penal, incluidas las testificales o la documentación.
La documentación del caso —y en concreto el vídeo de los momentos previos que muestran a la denunciante y a Alves bailando y charlando en un reservado de la discoteca— ha resultado clave en la decisión del TSJC de absolver a Alves, dado que la sala estima que el testimonio de la joven no es fiable.
El margen del Supremo para revisar la sentencia de Alves es, sin embargo, limitado: de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no puede imponer una condena a un fallo absolutorio de una instancia inferior. En el caso de apreciar que la absolución está basada en argumentos erróneos, lo que puede ordenar es que un tribunal de composición distinta dicte una nueva sentencia.