El TSJC comunica a Borràs que está inhabilitada 13 años, aunque el Gobierno le indulte la prisión

Acompañada de sus abogados, Gonzalo Boye y Jordi Cabré, la expresidenta de Junts, Laura Borràs, compareció ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para recoger el escrito que la inhabilita para ocupar un cargo público durante los próximos 13 años.

Condenada a cuatro años y medio de cárcel por conceder a dedo diversos contratos cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), Borràs está a la espera de lo que decida el Gobierno sobre su petición de indulto parcial, por lo que el TSJC ha suspendido su ingreso en prisión.

Además, la expresidenta del Parlamento de Cataluña tiene que afrontar el pago de una multa de 36.000 euros impuesta por los mismos hechos. La también expresidenta del Parlamento de Cataluña sí podrá seguir dando clases en la Universidad de Barcelona, donde ocupa una plaza como funcionaria del Estado. Sin embargo, existen serias dudas de que pueda presidir la fundación de Junts, tal como anunció la formación el pasado mes de octubre, cuando Carles Puigdemont recuperó la presidencia en detrimento de Borràs. La legislación catalana lo impide.

La dirigente independentista fue condenada en marzo del 2023 por prevaricación administrativa y falsedad documental a un total de 13 años de inhabilitación para el ejercicio de empleos o cargos públicos electivos y de funciones de gobierno o administración, sean en el ámbito local, provincial, autonómico, estatal o supranacional.

Sin embargo, la propia sentencia determinó que la pena era desproporcionada y propuso elevar una petición de indulto parcial al Gobierno para eludir la prisión. Aunque Borràs ya no ocupa ningún cargo institucional ni orgánico en Junts, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene sobre su mesa otra patata caliente en sus relaciones con sus socios de investidura, ya que Sumar no parece dispuesta a votar a favor del indulto a una condenada por corrupción.

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