Cinco asociaciones de fiscales y jueces elevarán un informe a Europa
25 may 2025 . Actualizado a las 10:09 h.Dos asociaciones de fiscales y tres de jueces, entre las que no se encuentran las de carácter progresista, convocaron para el día 11 de junio un breve paro, de diez minutos, a las doce del mediodía frente a todas las sedes judiciales del país. En un comunicado conjunto, anunciaron esta medida de protesta contra la l Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, la reforma judicial anunciada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Los convocantes son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial e Independiente (FJI), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Asociación de Fiscales. Bolaños remarcó el viernes que respeta las críticas y el simbólico paro, aunque añadió que «muchos de sus temores son infundados».
«El panorama que implica esa reforma es desolador», sentencian en el comunicado. También critican que, de llevarse a cabo, afectaría «gravemente» al «Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial». Las asociaciones remarcaron que se reunirán con todos los Grupos Parlamentarios, con los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la Abogacía del Estado, Además, remitirán al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa los informes que elaboraron en su momento sobre este asunto «con la idea de activar los canales europeos, denunciando cómo estas reformas pueden vulnerar la independencia judicial y la actuación del Ministerio Fiscal».
El proyecto de reforma incluye una novedad en el proceso de oposición de la carrera judicial. Los aspirantes, además del pertinente test, deberán pasar por una prueba escrita para valorar el razonamiento jurídico. Un nuevo proceso que, para las asociaciones críticas es «un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial».
Sin financiación privada
La nueva norma prohibiría la financiación privada de las asociaciones de jueces y fiscales. Las discrepantes con el texto legislativo ven en esta medida «un ataque directo a su capacidad operativa». Por otro lado, la reforma judicial añade el ascenso automático de jueces y magistrados por antigüedad de cinco años tras su ingreso. Cambiaría también la composición de la Comisión Ética Judicial: de sus cinco miembros, todos de la judicatura, pasaría ahora a tener nueve. Los cuatro añadidos los escogerían las Cortes Generales. Las asociaciones firmantes del comunicado lamentan que el cambio de estructura «compromete su independencia».
Las cinco asociaciones consideran que, con esa reforma, se dan «pasos atrás en ello al incrementarse injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales llevan a cabo su labor investigadora». En el proyecto de ley se recoge que los fiscales tengan acceso a las instrucciones de las causas penales. El mandato del jefe del ministerio público pasaría de cuatro a cinco años y no sería renovable, por lo que transcurriría al margen de las legislaturas del Gobierno central, de cuatro años como máximo de duración.
Para la carrera fiscal se incluye un cuarto turno, actualmente inexistente. Un añadido que da pie a un «acceso discrecional y arbitrario», según el citado comunicado.