Isabel Perelló reclama el cese de «presiones intolerables» e «insultos» a los jueces

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha expresado este miércoles públicamente su apoyo a los magistrados del Tribunal Supremo y ha reclamado «el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial».

En la inauguración de las XXXIII Jornadas de los Jueces Decanos de España, en Alicante, y sin citar ningún caso judicial, la presidenta del CGPJ ha afirmado que se atraviesan «momentos difíciles que traen consigo problemas desconocidos» en los que se sufren «presiones» donde, incluso, los jueces ven cómo les atribuyen «propósitos desviados» en sus decisiones.

«Quiero hacer un llamamiento a autoridades y particulares para recuperar el respeto, y reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial» porque, independientemente de que se esté de acuerdo con las resoluciones judiciales, «no caben los insultos a los jueces ni tampoco presiones intolerables ya que socavan el ejercicio de la función que la Constitución nos encomienda al Poder Judicial».

Perelló ha lamentado «la pérdida de respeto que merece las personas en las instituciones y especialmente en los tribunales de Justicia» y ha añadido que esta situación «ha llegado a niveles que nunca se deberían haber alcanzado».

Ha puesto de manifiesto que el sistema procesal español cuenta con mecanismos de garantía «suficientes» para corregir las resoluciones que, en su caso, contengan errores o sean susceptibles de revisión con imparcialidad por jueces distintos a las que las han adoptado.

De esta manera, ha advertido de que «las manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales son impropias de un Estado democrático avanzado y minan la confianza de los ciudadanos en la Justicia».

Respeto a las decisiones judiciales

Perelló ha recordado que «todos los poderes públicos, sin excepción, están obligados a promover la confianza de las instituciones democráticas que nos dio la Constitución» y ha repetido que en el CGPJ «preocupa los intentos de desprestigio de los jueces», por lo que ha instado «al debido respeto institucional hacia las decisiones judiciales, al margen de los intereses políticos de cada momento».

«La descalificación sistemática desestabiliza la confianza de los ciudadanos en la Justicia y va en detrimento de la sociedad democrática», ha subrayado la presidenta del CGPJ antes de añadir que estarán «vigilantes ahora más que nunca en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, que no es otra que la defensa de la independencia judicial».

Para la magistrada, en los actuales «tiempos difíciles» los jueces «deben resolver nuevos conflictos a los que se les somete en el contexto de tensión permanente que parece haberse instalado en la vida pública», por lo que ha insistido en la idea de deben ser objeto del «respeto institucional debido».

Jueces y fiscales denuncian continuos ataques a la Justicia y el descrédito de la Fiscalía

Jueces y fiscales han realizado este miércoles un paro simbólico de 10 minutos en todo el país para denunciar que la independencia judicial «está bajo amenaza» con las reformas legales emprendidas por el Gobierno, en un ambiente de «continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía».

Así lo afirman en un manifiesto las cinco asociaciones convocantes de este paro: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Piden la retirada del proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal y del anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal porque suponen una «amenaza» a la independencia judicial.

Denuncian, asimismo, que estas reformas tienen lugar en un ambiente de «continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía», con declaraciones políticas que «deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan», que tratan al Ministerio Fiscal como «un apéndice el Gobierno» y que, por todo ello, «minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia».

Unas reformas que van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder «con minúscula», un poder «más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder».

Denuncian que el proyecto de ley de reforma del Poder Judicial va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para su formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración.

Critican además que se tramite «injustificadamente» por la vía de urgencia y que «meta la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces», al tiempo que pretenda crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, «con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».

Se muestran preocupados por el proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos «sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad» y que supone un «grave perjuicio» para las promociones más jóvenes.

En cuanto a la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, advierten que con ella quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, que «seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo».

Esto, «sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».

Así, reclaman la retirada de ambos proyectos y, de no ser así, no descartan medidas «más intensas», como la huelga.

«La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma», subraya el manifiesto, que subraya que ambas exigencias «son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país».

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