La Xunta condena el pacto con el independentismo catalán: o se suben impuestos o el resto dispondrá de menos recursos

La ruptura de la caja común consagrada en el acuerdo bilateral suscrito por el Gobierno y el independentismo catalán desencadenó este lunes una contundente respuesta por parte de la Xunta, que ve en el pacto un modo de dinamitar la arquitectura institucional y financiera del actual Estado autonómico, inspirada en los principios de equilibrio e igualdad. Así lo sostiene el actual conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien advierte de que el panorama que se abre ahora es muy poco alentador. «Cámbianse pezas fundamentais da Constitución sen os consensos precisos, nin no Congreso, nin entre os territorios. Estase mudando o modelo de relación entre as comunidades e co Estado a través do seu financiamento», advierte el responsable de las finanzas públicas gallegas.

La Xunta entiende que cuando una comunidad reclama para sí un modelo de financiación propio perteneciendo a una bolsa general —el caso de Cataluña con el régimen común— es porque espera obtener más recursos para su territorio, lo que aboca irremediablemente a que el resto disponga de menos, salvo que se produzcan cambios. «O desenvolvemento dun cupo implica un desequilibrio fiscal que o Estado haberá de cubrir, e so hai dous formas de facelo, con máis impostos ou con menos financiamento para o resto de comunidades autónomas», vaticina el conselleiro de Facenda.

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Desde Galicia se ve con preocupación el avance del pacto bilateral en un momento en el que se tiene que actualizar el actual modelo de financiación, vigente desde el 2009 y que no es capaz de dar respuesta a las crecientes necesidades de la comunidad derivadas del envejecimiento poblacional, lo que afecta al incremento del gasto en la prestación de servicios sanitarios y sociales, sobre todo en materia de dependencia. Esta es una de las principales demandas de la comunidad desde hace ya años: que se corrija el actual sistema por la infrafinanciación que supone para la comunidad. «A posta en marcha deste acordo poría en risco a prestación de servizos públicos fundamentais no resto de comunidades de réxime común e suporía, de facto, a desaparición do actual modelo de financiamento autonómico», advierte Miguel Corgos.

Tal y como argumenta la Administración gallega, el pacto bilateral del Estado con Cataluña para impulsar un modelo hace saltar por los aires aspectos cruciales del modelo. Primero, la multilateralidad, porque el modo de proceder es anteponer un acuerdo entre dos para darle cobertura y luego ofrecerle la extensión del mismo al resto, el mismo mecanismo que se ha seguido con la condonación de la deuda. En segundo lugar, según la Xunta, se rompe el principio de igualdad, porque no se trata equitativamente a todas las autonomías, que apenas pudieron incidir en lo ya acordado. Esto se había hecho antes con la cesión del algún impuesto clave, pero no con el conjunto del modelo. Facenda entiende que, en tercer lugar, se quiebra el principio de solidaridad. Es decir, se cambia el derecho constitucional de una financiación nivelada mediante un fondo acordado entre todas las comunidades a un fondo de solidaridad condicionado que pasaría a negociar Cataluña con el Estado. En este modelo se aplica un principio nuevo, el de ordinalidad. «Isto significa que o que recada máis ingresos non pode recibir menos que o que non ten tanta capacidade recadatoria, aínda que poda ter unha necesidade de gasto maior», lamenta el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.

Tal y como valoraron organismos como Fedea y el Foro Económico, la Xunta recuerda que el perjuicio para Galicia con este modelo sería de entre 600 y 1.300 millones al año. La Xunta advierte de que denunciará esta forma de proceder en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un pacto que resulta «inaceptable». Miguel Corgos insiste en que no se puede negociar sobre acuerdos ya cerrados y reclama al Gobierno central que ponga encima de la mesa un modelo único que pueda discutirse entre todas las comunidades.

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