El Ejecutivo impugna el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas en polideportivos de Jumilla
ESPAÑA
Requiere anular el acuerdo municipal porque considera que «vulnera el derecho a la libertad religiosa»
11 ago 2025 . Actualizado a las 22:21 h.Los más de dos mil vecinos mulsulmanes de la localidad murciana de Jumilla podrán celebrar el rezo colectivo del fin del Ramadán y la fiesta del cordero en un polideportivo municipal como hicieron en los últimos cuatro años. El Ejecutivo central impugnó este lunes la moción aprobada por el pleno de este ayuntamiento gobernado por el PP —vetaba las actividades culturales, sociales y religiosas en estos recintos públicos— al considerar que esconde una «verdadera intención discriminatoria» y encubre «con toda claridad una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa». Así se recoge en el texto del requerimiento presentado por la delegada del Gobierno en la región, Mariola Guevara, y coordinado por los ministerios de Justicia y Política Territorial, con el que se solicita la anulación de este acuerdo porque «restringe de forma arbitraria» las fiestas islámicas, «incurre en una desviación de poder» y usa la potestad municipal de forma «impropia y desviada». El consistorio, que evitó pronunciarse, tiene un mes para contestar y, en caso de no hacerlo, intervendrán «los servicios jurídicos y la Abogacía del Estado», explicó Guevara en rueda de prensa.
«Las razones objetivas no se sustentan», se alega en el documento redactado por el Ejecutivo de coalición, que recuerda que la normativa sí permite las actividades socioculturales en el polideportivo. «Estamos ante una nueva vulneración de derechos y libertades fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha donde tiene que intervenir el Gobierno de España en favor de la Constitución», concluye el requerimiento, que hace una última advertencia: «Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente [...] introducir a España en una dinámica autoritaria».
Institucionalizar la islamofobia
También el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendió la impugnación. «Frente a la deriva extremista de PPVox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León, o la censura en Murcia», escribió en redes sociales. Más allá fue la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, quien en un vídeo difundido por Ferraz acusó a las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal de «institucionalizar» la islamofobia y el racismo. «Vox manda, el PP obedece y todos perdemos», lamentó, aludiendo a que los populares enmendaron una moción de la ultraderecha que prohibía expresamente la fiesta del cordero y aprobaron el 28 de julio el texto final, que excluía las referencias religiosas.
Desde Génova, sostuvieron este lunes que la norma —que había salido adelante con los votos de los diez concejales del PP y la abstención del único edil ultra— «no veta absolutamente nada y no habla de confesiones». Su vicesecretario de hacienda, Juan Bravo, acusó al Ejecutivo central de «hacer ruido para buscar beneficio», y al PSOE y Vox, de conseguir «la confrontación, el muro, para polarizar al conjunto de los españoles».
El presidente del partido de extrema derecha en la región, José Ángel Antelo, abogó por que en los espacios públicos «se defienda nuestra cultura, nuestra civilización cristiana», pero cargó contra la Conferencia Episcopal, que la semana pasada había defendido la libertad de culto tras tachar la moción de «discriminación que no puede darse en democracia».
«Se habría retrocedido 40 años»
Quien celebró la impugnación gubernamental fue la Comisión Islámica de la Región de Murcia, que reúne a 168 asociaciones musulmanas. «¡Qué buena noticia! Se hubiera dado un paso atrás importantísimo; se habría retrocedido al menos 40 años», aseguró en declaraciones a Efe su coordinador, Walid Habbal, quien calificó el veto de «ataque directo contra los derechos humanos». La aplaudió, asimismo, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, porque, según declaró en Antena 3, se corría el riesgo de «abrir una espiral muy peligrosa en un país que es aconfesional».