El Gobierno aprueba la quita de deuda autonómica y niega que suponga «ningún agravio» entre comunidades
ESPAÑA
La Xunta estudiará la vía judicial contra una condonación que supondrá que «cada galego se faga cargo dunha importante cantidade de euros da débeda de Cataluña»
02 sep 2025 . Actualizado a las 17:27 h.El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado absorba un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, una medida que según el Gobierno no supone «ningún agravio con ninguna parte del territorio».
Así lo avanzó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que detalló que la condonación de deuda autonómica permitirá un ahorro de entre 6.600 y 6.700 millones de euros, que las comunidades autónomas podrán destinar a reforzar otras partidas presupuestarias. También aseguró que la mayor parte de la condonación de la deuda autonómica -siete de cada diez euros- beneficia a territorios gobernados por el PP y no hay «ningún agravio» entre regiones.
En la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado el anteproyecto de ley con dicha condonación parcial, Montero ha pedido una reflexión a los populares para que se sumen a este proceso, ya que son las comunidades las que tienen que decidir voluntariamente si aceptan la quita. Y «si el señor Feijoo no es capaz de hacerlo por ser rehén de las políticas ultras que tiene su partido, al menos que los presidentes autonómicos pongan por delante el interés de la ciudadanía y sean coherentes con lo que interesa a sus territorios y no con los mandatos que vienen de Génova que no benefician a nadie», dijo la vicepresidenta.
«Queda demostrado que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España», ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha dicho que la medida permitirá beneficiar a todas las comunidades autónomas aunque no tengan deudas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como es el caso de la Comunidad de Madrid. Montero ha cifrado el ahorro en materia de intereses para los gobiernos regionales entre 6.600 y 6.700 millones de euros, que a partir de ahora podrán ir dirigidos a reforzar políticas sociales como sanidad, educación o dependencia. A renglón seguido, ha explicado que el 75% de los 83.252 millones que el Estado está dispuesto a absorber, es decir, unos 60.000 millones, se repartirán por el indicador de «población ajustada», lo que arrojará una condonación media del 19% de la deuda autonómica. «Dicho de otra manera: con esa aproximación, el Estado se queda casi con el 20% del conjunto de la deuda del subsector comunidades autónomas con una situación asimétrica, dependiendo de la situación de partida de cada territorio», ha agregado al respecto.
Montero recordó que entre las regiones más beneficiadas están Andalucía, Valencia y Canarias, todas ellas gobernadas por el PP. Pero la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que la postura de su partido y de su presidentes autonómicos es «muy clara», avisando de que la rechazan y de que «no entrarán en esa trampa» del Gobierno de España. «No una, dos veces todos los presidentes autonómicos del Partido Popular afirmaron que no entrarían en esta trampa del Gobierno. No una, dos veces ayer, multitud de presidentes autonómicos salieron a decir que no participan de esta farsa del Gobierno», ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlamento.
En este sentido, Muñoz ha recordado que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía cuando era consejera andaluza que no quería quita ni refinanciación, sino una nueva ley de financiación autonómica, «que es la postura del Partido Popular». «Llevamos años diciéndolo», ha insistido.
La dirigente del PP ha señalado que la actual ley de financiación procede de un pacto en 2009 entre el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el entonces tripartito catalán, «que se hizo sin hablar con el resto de comunidades autónomas». «Aquellos para los que se hizo 'ad hoc' esa ley de financiación ya no les vale y entonces la propuesta es que las consecuencias de una mala gestión por parte de los independentistas y los socialistas en Cataluña las sumamos todos los españoles, porque la deuda no desaparece», ha indicado.
La Xunta estudiará la vía judicial contra la condonación de la deuda
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha reiterado el rechazo de la Xunta a la quita de la deuda autonómica aprobada por el Gobierno central. La decisión deriva de los acuerdos alcanzados por el PSOE con Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Calvo subrayó que «non se trata dunha condonación», ya que no hay una renuncia a cobrar la deuda, sino que esta la asumirá el Gobierno y la pagarán «o resto dos españoles». Como consecuencia, «cada galego se faga cargo dunha importante cantidade de euros da débeda de Cataluña». El titular de Presidencia recordó los motivos políticos que hay tras la decisión del Ejecutivo y reiteró el rechazo total de la Xunta a la misma.
El conselleiro señaló además que se «estudarán todos os instrumentos» a disposición del Gobierno gallego para revertir la decisión, sin descartar la vía judicial. También señaló que se trasladarán a la población las consecuencias de la misma y que la deuda se trasladará al resto de los españoles.
Sobre la posibilidad de que Galicia se acoja a su parte de la quita, que asciende a 4.000 millones, aún cuando recurra la decisión en los juzgados o por otras vías, Calvo señaló que «lóxicamente, si estamos en contra dunha medida, o primero que temos que facer é instrumentar todos os recursos ao noso alcance para poder revertir esa situación». Ese, y denunciar la injusticia de la medida para «intentar que non se leve a cabo» es, dijo, el escenario a día de hoy.
Las palabras del conselleiro enlazan con la postura expresada el lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que consideró la quita un «negocio ruinoso» para Galicia que solo tendría «efectos nocivos» para la comunidad. Rueda vaticinó que, después de trasladar la deuda catalana a otras comunidades, las acciones del Ejecutivo tendrán una «segunda parte» para establecer un «cupo catalán», de forma que esa comunidad se libre de «unha parte importante da débeda [transferida a otras comunidades] que despois nin sequera tería que pagar» Además Rueda reiteró que la prioridad para Galicia es negociar un nuevo modelo de financiación, ya que le corresponderían 500 millones de euros anuales más, y consideró que con la quita el Gobierno creerá estar «totalmente exonerado» de abordar ese asunto.