El Gobierno inicia el trámite de la quita de condonación de parte de la deuda de las comunidades pactada con ERC

El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que establece la condonación de parte de la deuda autonómica con el Estado. Una norma que nace de los acuerdos de investidura del Ejecutivo con ERC y en la que el PP, líder de la oposición y al frente de 11 comunidades —cogobierna una más, Canarias—, se viene posicionado completamente en contra.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, aseguró ayer que el Estado asume el eventual montante total —acogerse es voluntario— de 83.252 millones gracias a la «buena situación financiera» de la Administración central. La ministra se esforzó en demostrar que la condonación es igualitaria y repercute directamente en el gasto social. «Algunas recuperan autonomía financiera y, por tanto, autonomía política. Menos deuda significa más Estado del bienestar», destacó Montero, que estimó que, solo en intereses, las autonomías se ahorrarán entre 6.600 y 6.700 millones que podrán destinar políticas sociales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal manifestó en febrero que el ahorro de intereses no modifican la regla de gasto de las comunidades y, por tanto, no generan un margen mayor.

Compara dos Gobiernos

La condonación se cimenta en tres fases, aunque el grueso está en la primera: al sobreendeudamiento de la crisis del 2010 en adelante se le resta la deuda generada durante el covid-19 y la inflación por la guerra de Ucrania. Un método con el que el Gobierno aprovecha para mostrarse como un gestor más eficiente que Rajoy —«lo que se dejó de ingresar porque el señor Montoro [...] no remitió los fondos necesarios», dijo Montero—, presidente en el 2010, el inicio de la horquilla que acaba en el 2022. El 75 % de este importe se reparte en base a la población ajustada, un criterio marcado por la ley de financiación autonómica del 2009 (artículo 9).

En el PP insisten en que el anteproyecto rompe la equidad y lo rechazarán en bloque. «¿Aunque les beneficie?», le preguntan al secretario general, Miguel Tellado, en RNE. «No podemos estar de acuerdo», reiteró. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró que su partido rechaza la condonación porque lo que necesita el país es «una nueva ley de financiación autonómica». Montero dijo ayer que el anteproyecto es un complemento a una futura reforma. El PP, eso sí, evita valorar qué haría si la norma pasa el trámite parlamentario. Un escenario que Montero ve cristalino, al mostrarse convencida de que acabarán aceptándolo.

La ministra, que espera aprobar la ley en el primer trimestre del 2026, recordó que siete de cada diez euros perdonados son de comunidades del PP; que la mayor condonación es para Andalucía y que la mayor cuantía por habitante ajustado es para la Comunidad Valenciana.

La gira de Juanma Moreno

La «doble tarea» —así lo definió— de Montero al frente del PSOE andaluz le ha valido a Juanma Moreno, presidente de esta comunidad, para erigirse como el líder de la oposición a la quita, en una movimiento con claro acento andaluz, a menos de un año de las elecciones autonómicas. El mandatario firmó un pacto con su homóloga cántabra, María Jesús Sáenz de Buruaga, para mostrar unidad en el rechazo a la condonación. Hoy sigue su particular gira con un interlocutor lejano a Génova como Emiliano García-Page, el presidente socialista de Castilla-La Mancha.

El Gobierno tiene dos frentes en teóricos apoyos. Mientras los populares creen que la quita beneficia en exceso y está hecha ad hoc para Cataluña, el secretario general de Junts, Jordi Turull, dijo que la condonación no se trata de «un trato singular para Cataluña» porque «quien sale ganando más con esto es Andalucía».

El Gobierno deberá negociar con los dos diputados de Compromís —uno en Sumar, la otra en el Grupo Mixto—, que dan la bienvenida a la medida, pero exigen otros criterios de valoración.

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