Para la patronal madrileña, la iniciativa es «inaceptable» y atenta «contra la libertad de empresa»
18 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El acuerdo entre el Gobierno y los independentistas catalanes para imponer las lenguas cooficiales en las relaciones entre grandes empresas y clientes, cuya paternidad se disputan a la par Junts y Esquerra, ha levantado ampollas entre las principales organizaciones patronales del país. «Sería muy fácil con Google Translate», ironizó Gabriel Rufián (ERC). Aunque la realidad es casi siempre más compleja que como la suele presentar el político de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Para la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), la iniciativa lingüística es «inaceptable» por suponer un atentado «contra la libertad empresarial». «Los empresarios de Madrid exigimos al Gobierno respeto a la libertad de empresa, en una economía regida por el intercambio y los precios en condiciones de igualdad, y dejar de lado las imposiciones, que tanto dañan la competitividad empresarial», advirtió la federación madrileña de la CEOE, muy preocupada por los costes operativos y de adaptación que supondrá este acuerdo. La enmienda de Junts incluye la formación obligatoria en lenguas cooficiales de las plantillas, «para poder atender a los usuarios respetando sus derechos lingüísticos».
Además, la norma podría ser inconstitucional. En la sentencia 88/2017, de 4 de julio del 2017, tras una demanda del defensor del pueblo contra el Código de Consumo de Cataluña, el Tribunal Constitucional dictaminó que en las relaciones privadas y comerciales no se puede exigir y sancionar el uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales en la comunidad más allá de determinada documentación escrita. «Si no puede ser en Cataluña, mucho menos lo será fuera», argumenta a este diario José Luis Alegre, de Empresarios de Cataluña, una asociación constitucionalista que denuncia los excesos del nacionalismo en el ámbito económico. «Las empresas con actividad en Cataluña ya atienden más allá de las exigencias legales en cualquiera de las lenguas oficiales por puro interés comercial», razona Alegre. De manera que las exigencias de Junts y Esquerra serían «un brindis al sol inútil, salvo que pretendan que un ciudadano catalán sea atendido en catalán en un centro comercial de A Coruña; entonces se trataría de un auténtico despropósito», concluye Alegre.
Los de Carles Puigdemont recuerdan que la medida afectará, entre otras, a compañías eléctricas, de suministro de gas y agua, telefónicas, aeronáuticas, ferroviarias, autobuses, servicios postales, plataformas audiovisuales, financieras o aseguradoras.