Los jueces destacan la «influencia» que pudo ejercer el líder socialista
24 sep 2025 . Actualizado a las 09:03 h.Pedro Sánchez será el primer presidente del Gobierno de la democracia que vea a uno de sus familiares sentado en el banquillo de los acusados. La Audiencia Provincial de Badajoz rechazó este martes el recurso presentado por David Sánchez contra la decisión de la jueza Beatriz Biedma de convertir las diligencias abiertas contra él en un procedimiento abreviado. El tribunal acababa así con la última oportunidad del hermano de Sánchez de librarse de un juicio y confirma que hay indicios suficientes como para sentarlo en el banquillo, acusado de prevaricación y tráfico de influencias, vinculados a su contratación por parte de la Diputación de Badajoz, junto al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y al ex asesor de la Moncloa Luis Carrero y otros ocho investigados.
«Influencia» de Pedro Sánchez
Los cuatro magistrados de la Audiencia provincial estiman que en el recurso presentado por la Fiscalía «se viene a restar capacidad de influencia de don Pedro Sánchez por el hecho de haber renunciado a la secretaría general del partido en octubre del 2016 y no revalidar su reelección hasta mayo de 2017». Según los jueces «precisamente en ese mes de octubre es cuando se propone la creación de puesto, siendo hasta ese preciso momento secretario general el mismo», transcurriendo «solo siete meses hasta la revalidación de nuevo el mes de mayo de 2017 como aquel en que se inicia el proceso de nombramiento de su hermano para el cargo creado anteriormente».
Los jueces avalan la decisión de Biedma de enjuiciar a los acusados por crear en la Diputación de Badajoz, cuando esta estaba presidida por Gallardo, un puesto de trabajo destinado al hermano de Pedro Sánchez como coordinador de las actividades musicales y, posteriormente, otro como ayudante para Luis Carrero, amigo de David Sánchez, que ya colaboraba con él cuando trabajaba en la Moncloa. Entienden que hay indicios suficientes sobre «el presunto carácter delictivo» de las conductas imputadas.
Las penas que las acusaciones piden contra Sánchez y el resto de enjuiciados, ya que la Fiscalía no acusa en este caso, son variadas, pero en el caso de David Sánchez llegan a los tres años de cárcel e inhabilitación de otros 15 para ejercer cargo público. Es decir, que de ser condenado a esa pena, el hermano del jefe del Gobierno podría entrar en prisión.
La investigación nace de la denuncia de Manos Limpias en el 2024 y a ella se sumaron otras asociaciones como Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum, además del PP y Vox. La denuncia se refería al enchufe en la diputación de David Sánchez, además de su absentismo en el puesto de trabajo y su residencia en la localidad portuguesa de Elvas para evadir impuestos, cuestión quedó posteriormente descartada.
Estima que la plaza de coordinador de los conservatorios adjudicada carecía de justificación y fue adaptada a las «exclusivas preferencias personales» del hermano del presidente. La Audiencia rechaza el argumento de la defensa, que solicitaba la absolución al no apreciar indicios de delito. Los jueces recuerdan que en esta fase procesal no corresponde valorar en profundidad la prueba, sino verificar la existencia de un «juicio de probabilidad incriminatorio» suficiente.
Reacción del PSOE y el PP
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, indicó este martes que es «curioso» que la apertura de juicio contra David Sánchez coincida en el momento en el que hay «alguien del PP en apuros», en referencia a Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno subrayó su «máximo respeto» a la decisión. Pero la portavoz, Pilar Alegría, expresó «toda la confianza y esperanza de que la verdad se abra camino y ponga las cosas en su sitio». «Pretenden que nos acostumbremos a esto, pero es importante recordar que no es normal», dijo el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en un mensaje en X. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró que se trata de algo «inaudito» y, por lo tanto, «en cualquier democracia del entorno supondría la caída del Gobierno».