El pacto migratorio entre el Gobierno y Junts rompe el bloque de investidura
ESPAÑA
Podemos se suma a PP y Vox para rechazar el traspaso de inmigración
24 sep 2025 . Actualizado a las 10:40 h.El pacto migratorio entre PSOE y Junts ya es historia. Al final, no hubo sorpresas (sí ruido, mucho ruido) y el Congreso tumbó la proposición de ley pactada por socialistas e independentistas para delegar a Cataluña las competencias en inmigración. Podemos cumplió con el guion que ya había anticipado y sumó sus votos a los de PP, Vox y UPN para impedir la tramitación de una propuesta que considera «racista». También la rechazaron dos diputados de Compromís y Chunta Aragonesista, de Sumar. En total, 177 votos en contra frente a 173 a favor.
De esta manera, decae la principal exigencia de los secesionistas al Gobierno, después de la ley de amnistía y su aplicación efectiva. Ni una ni otra han salido adelante (la segunda depende de los tribunales) lo que deja muy tocada, casi en el aire, la relación de los socialistas con sus socios de investidura. El partido de Puigdemont espera ahora la respuesta del Ejecutivo, que ayer se comprometió a buscar vías para salvar lo que pueda del acuerdo migratorio, quizás mediante decreto ley. «Cataluña pide mayor autogobierno y ahí siempre encontrará la mano del PSOE», aseguró la portavoz de Ferraz, la catalana del PSC Montse Mínguez.
En el debate parlamentario, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, justificó la proposición de ley por el fracaso que, a su juicio, han demostrado los diferentes gobiernos centrales para gestionar el fenómeno migratorio. «El Estado español no ha querido o no ha podido controlar este fenómeno; lo queremos hacer nosotros». La diputada aportó cifras según las cuales dos millones de personas han llegado a Cataluña en las últimas dos décadas, hasta los ocho millones actuales. La población extranjera ha pasado del 2 % en los años noventa al 19 % actual, más que la media europea y la española. De estos, dijo, «más del 40 % no trabaja y muchos dependen de ayudas sociales para poder vivir». A ellos les culpó de que «el sistema educativo y de bienestar está saturado, y las clases populares y medias catalanas, que han trabajado y pagado impuestos toda la vida, hoy no reciben los servicios públicos que necesitan». También les hace responsables del retroceso del catalán, del 46 % hace veinte años, al 32 hoy. Y advirtió que «no intervenir o dar la espalda al problema, o acusar de racistas a quienes hablan, es dejar la puerta abierta al colapso y a los populismos extremos». Finalmente, rechazó las acusaciones de racismo: «Si el argumento es que no se pueden traspasar porque los catalanes somos unos delincuentes o unos racistas, es la prueba del algodón de que es tan anticatalana y centralista la extrema derecha como la extrema izquierda». En su turno, el diputado de Podemos, Javier Sánchez, le rebatió: «Aquí lo que han pactado Partido Socialista y Junts es una ley para decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población inmigrante».
También el republicano Gabriel Rufián cargó contra los morados: «Es miserable que ustedes voten ahora con el PP y Vox, y copien a Sílvia Orriols», líder de Aliança Catalana. El de Esquerra tampoco ahorró críticas a Junts: «Señora Nogueras, la primera parte de su discurso es lamentable… y sí, es racista». Desde el PP, el diputado por Barcelona Nacho Martín Blanco reprochó al PSOE que pacte un traspaso que vulnera la Constitución con el fin de atrincherarse en la Moncloa: «Es evidente que ustedes sabían como nosotros que esta proposición de ley no pasaría nunca el tamiz del Tribunal Constitucional, pero se han erigido en un auténtico Gobierno que practica el trilerismo político».
El contenido de la ley
De haber salido adelante esta proposición de ley, Cataluña hubiera asumido competencias propias de un estado soberano en inmigración, como la gestión de permisos de residencia y trabajo, incluyendo estancias académicas, residencia temporal y larga duración, renovaciones y extinciones. La Generalitat también se haría cargo de los expedientes de expulsión y del régimen sancionador, así como de la contratación en origen y del seguimiento desde la llegada hasta la inserción laboral.
La policía autonómica, cuya plantilla debería reforzarse en 1.800 efectivos, asumiría funciones que son exclusivas de Policía Nacional y Guardia Civil, como el control de fronteras, puertos y aeropuertos o los centros de internamiento de extranjeros. Y expediría documentos como el NIE y el TIE.