El Parlamento catalán ultima un pacto antirracista para aislar a Aliança y Vox

Xavier Gual BARCELONA / E. LA VOZ

ESPAÑA

Pleno del Parlamento de Cataluña, este miércoles.
Pleno del Parlamento de Cataluña, este miércoles. Parlament de Catalunya | EUROPAPRESS

PSC, Junts, Esquerra y Comunes crean una comisión contra el fascismo y los discursos de odio

01 oct 2025 . Actualizado a las 22:05 h.

El Parlamento de Cataluña dio luz verde este miércoles a la puesta en marcha de una comisión de estudio para impulsar un «pacto nacional contra el fascismo, el racismo y los discursos de odio». Además, se establecerán «mecanismos y herramientas» para «combatirlos de manera eficaz, tanto en la vertiente de prevención como en la de reparación». El pacto antifascista catalán es una iniciativa conjunta del PSC, Junts, Esquerra, Comunes y CUP, que salió adelante gracias a los 106 votos a favor de estos grupos, frente a los 26 en contra del PP, Vox y Aliança Catalana, que la consideran un intento de censura.

«Esta propuesta no va de libertad, sino de todo lo contrario, de imponer un sectarismo y de hacer callar aquello que no les gusta», señaló el diputado popular Juan Fernández. «Tienen miedo a perder el poder y por esto promueven este control social; usan la censura como arma política, que es la que acabó con Charlie Kirk», añadió la representante de Vox Júlia Calvet. También la líder de AC, Sílvia Orriols, cargó contra lo que entiende como un intento de «deshumanización» de la oposición: «Cuando se refieren a discursos de odio, ¿de qué hablan? ¿De cualquier opinión que les incomode? ¿La libertad de expresión no es dejar decir aquello que nos place?».

En cambio, la portavoz de PSC-Units, Elena Díaz, defendió la medida con el argumento de que «la libertad de expresión no se puede confundir con incitar al odio; tiene límites, como el respeto a la dignidad de las personas y la protección de los derechos humanos». Para Tània Verge, de Esquerra, «no basta con condenar el odio, sino que debemos entender qué lo alimenta y cuáles son las estructuras que lo hacen posible».

La propuesta surgió del debate de política general del año pasado y concede un plazo de un año (prorrogable) a la comisión, integrada al menos por un diputado de cada grupo parlamentario, para que realice los trabajos y presente sus conclusiones. También prevé incorporar los trabajos realizados por la comisión de estudio sobre el racismo de la legislatura anterior, y que la integren un diputado por cada grupo.