El PP acusa al PSOE de querer controlar la Justicia con la ley de enjuiciamiento criminal
ESPAÑA
Sumar rechaza la limitación de la acusación popular que recoge el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros
28 oct 2025 . Actualizado a las 19:46 h.El PP acusó ayer al Gobierno de querer aprobar «deprisa y corriendo» la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que deja las investigaciones penales en manos de los fiscales, a pesar de que la norma no saldrá adelante si Junts mantiene su ruptura total con el Gobierno. Según los populares, la prisa del Ejecutivo se debe a que «necesita controlar la Justicia». La portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz, señaló que «es inviable una reforma que cambie de esta naturaleza el proceso penal en nuestro país si no se corta el cordón umbilical entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado. Criticó además al Ejecutivo por haber dado luz verde a esta reforma en un momento en el que «no cuenta con mayoría parlamentaria» y en «el que los socios le van abandonando».
Sin buscar un pacto con el PP
Los populares cuestionan igualmente que ante una reforma «profunda» como la Lecrim el Gobierno no haya intentado buscar entenderse con el PP, que es el primer partido del Congreso. Destacó que el «momento elegido» por el Gobierno es cuando el fiscal general del Estado «está imputado». Álvaro García Ortiz declarará el próximo 12 de noviembre por un presunto delito de revelación de secretos.
El vicesecretario general del PP Elías Bendodo acusó a Pedro Sánchez de querer «amordazar la Justicia» con la intención de retirar a los jueces, «la instrucción para dársela a los fiscales». Según dijo, se trata de una «cacicada de Sánchez» para eludir la justicia.
Pero no solo el PP cuestiona la ley. Sumar, socio en el Gobierno de coalición, rechaza la limitación de la acusación popular que recoge el proyecto aprobado este martes, y que limita la capacidad del ejercicio de la acusación por parte de asociaciones, sindicatos y sociedad civil.
En un comunicado, Sumar afirmó que, a lo largo de los últimos años, este instrumento «se ha demostrado imprescindible para el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político». Por ello, avisó de que no apoyará esa limitación en el Congreso, sino que «trabajará para su fortalecimiento» y «para introducir más previsiones garantistas en la ley».