La falta de personal cualificado pone en riesgo el Servizo de Axuda no Fogar: «É o gran problema que temos todos os concellos»
FERROL
La empresa contratada por el Ayuntamiento de Rianxo ofrece alojamiento para atraer auxiliares: «Hay muchas bajas y al dependiente hay que atenderlo»
22 sep 2025 . Actualizado a las 13:08 h.Con una población cada vez más envejecida, mientras el número de dependientes crece, el de cuidadores va a menos. La escasez de personal amenaza con poner en riesgo la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). «É o gran problema que estamos tendo todos os concellos, a falta de profesionais, andamos todos en ‘busca e captura'. Ese é o gran déficit e supón unha complicación á hora de cubrir as vacacións e as baixas, e dar de alta a novos usuarios», advierte Diego Rodríguez, trabajador social de Cerdido, concello de Ortegal con poco más de mil habitantes.
La falta de auxiliares afecta a los ayuntamientos que gestionan directamente la atención a domicilio a personas dependientes y a las empresas. Hasta el punto de que la adjudicataria del servicio en Rianxo, Son A Túa Axuda, que opera en varios concellos, ofrece alojamiento para atraer trabajadoras. «Damos facilidades, pero incluso así hay una dificultad tremenda, porque el nivel de bajas es enorme y hay gente de los listados del Inem que entra diciendo que quiere trabajar y a los cinco minutos sale», expone Rosa Crujeiras, responsable de recursos humanos de la firma.
Asegura que las potenciales aspirantes a un empleo «se van incluso antes de escuchar las condiciones». «Es cierto que es duro, vas de domicilio en domicilio y te tiene que gustar. Hay sobrecarga porque al dependiente no lo puedes dejar de atender —admite—, pero hay muchas bajas y algunas no están justificadas». Las trabajadoras del SAF vivieron el día 10 la primera jornada de una huelga convocada en toda Galicia para reivindicar que se actualice el convenio, «obsoleto», y un protocolo de riesgos, indica Mari Carmen Vázquez, delegada de la CIG en Boiro. Para el portavoz municipal del PSOE en Rianxo, Óscar Rial, «este conflito non é só local, ten moito que ver co infrafinanciamento estrutural do SAF, os concellos cargan co 29,8 %, malia non ter competencia directa na materia».
La alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy (BNG), incide en que «o sistema de dependencia, que é competencia da Xunta de Galicia, está a afogar aos concellos, ademais de chegar tarde para as persoas usuarias». En el caso de San Sadurniño, otro concello con gobierno nacionalista y gestión directa del SAF, este servicio copó cuatro de las siete plazas de la última oferta de empleo público.
Un problema generalizado
En Betanzos, con la atención a dependientes externalizada y la ayuda a domicilio «básica» a cargo de personal municipal, también faltan manos. «La empresa tiene muchos problemas para encontrar personal, estoy en la Fegamp [Federación Galega de Municipios e Provincias] y veo que es algo generalizado. Llevamos años organizando obradoiros de emprego con la Xunta y formando a gente para ayuda a domicilio, y de las veinte que salen de cada curso, se dedican a esto una o dos en el mejor de los casos», subraya la regidora, la socialista María Barral. ¿A qué lo atribuye? «Es un trabajo muy precarizado, aunque las condiciones han mejorado mucho, está muy feminizado y el convenio está obsoleto. El porcentaje de bajas es altísimo porque es duro y los 365 días del año, las condiciones no son óptimas. En verano empeora, y este año nos hemos visto y deseado para cubrir fines de semana y vacaciones», responde.
Coincide en denunciar «la asfixia económica de las Administraciones locales». ¿Cuál es la solución? «Mejor remuneración y mejores condiciones laborales. Eso lo haría más atractivo, pero continuaría encareciendo el servicio. Cuando entramos, en 2018, pagábamos 12 euros la hora a la empresa, y lo acabamos de licitar a más del doble, y aun así persiste el problema», contesta.
«Muchos más recursos»
Barral apela al Gobierno central y a la Xunta, «que son las Administraciones que tienen competencia, para que destinen muchos más recursos a este servicio». «Hay que repensarlo entre todos, es una prestación muy demandada y los ayuntamientos nos estamos hundiendo. De 13 millones de presupuesto, la mitad es para personal y 1,5 para el SAF, para atender a 150 personas, el coste es altísimo», insiste. El trabajador social de Cerdido, con ejecutivo del PP, igual que Ortigueira, donde también ejerció algún tiempo, alude «ao rexeitamento de moitos veciños do rural a deixar as súas casas para entrar nunha residencia (a maiores da falta de prazas públicas)».
Como eventual salida a la escasez de profesionales, Rodríguez señala una orden de la Xunta de 2018, que prevé que «en pequenos concellos rurais, cando non dispoñan das persoas coa acreditación requirida e non existan demandantes de emprego, as persoas que non conten con cualificación poderán ser contratadas [y formadas]». Entiende que de este modo se aliviaría una situación que preocupa cada vez más.
Salarios bajos, escasez de medios, sobrecarga laboral e inseguridad
El diagnóstico de las trabajadoras del SAF sobre las condiciones que afrontan a diario es demoledor. «O maior problema é que as empresas se están lucrando a costa do noso esforzo, non cumpren o convenio e perdemos dereitos económicos. Se unha persoa ten unha xornada de trinta horas semanais, o convenio recolle unha bolsa de horas que nos permite facer ata 39. Estamos facendo horas complementarias continuamente, pero nunca nos soben a xornada e asegúrannos por 30 cando estamos traballando 39. Iso afecta ao salario, á antigüidade, aos pluses...», denuncia la ferrolana Cristina Martínez Padín, auxiliar del SAF (liberada) y miembro nacional de la Federación de Servizos del sindicato CIG.
Alerta de la sobrecarga de trabajo que soportan, agravada durante las vacaciones, «porque hai que reforzar as horas das compañeiras, en vez de contratar xente para cubrilas», lo que se traduce, a menudo, en bajas laborales, que a su vez generan más tarea para quienes siguen en activo, y la rueda continúa engordando. A mayores, subraya, el desgaste físico se agudiza por la carencia de medios —«en moitos sitios aínda non hai grúa»—, con secuelas para la salud.
Martínez Padín critica a las empresas —«preséntanse ás licitacións á baixa para quedar co servizo, pero sempre teñen beneficio, que é lexítimo pero non de calquera maneira»—, pero también responsabiliza a los concellos que externalizan el servicio —«teñen que velar por que o convenio se cumpra, e se non, municipalizalo»—. Alerta, por otro lado, de las consecuencias para el beneficiario: «Por moito que queiras facelo ben, ás veces avísannos dunha hora para outra de que hai que ir a unha casa, xogan cos horarios e cos usuarios».
Tiene 48 años, y como profesional del SAF desde hace 30 entiende que el sector no resulte atractivo: «Sen unhas condicións económicas (uns 1.200 euros) nin unha xornada decente (problemas para conciliar), sobrecarga de traballo continua, enfermidades por cargar pesos... e se me vas ter cunha bolsa de horas en vez de darme o que me corresponde, por máis que me guste, prefiro outra cousa».
La única vía, dice, «para que as empresas cumpran son as denuncias á Inspección de Traballo, que acaban no xulgado, pero son individuais e a xente con contrato eventual non reclama». «A sensación é que non lle importamos a ninguén», concluye Mari Carmen Vázquez, de Boiro, que advierte «da inseguridade: insultos, desprezos, agresións... e a morte recente dunha compañeira».