La reforma del sistema financiero recibió ayer el respaldo de la mayoría del Congreso, que votó a favor de la convalidación del decreto del Gobierno, aunque no de su tramitación como proyecto de ley. Con 303 votos a favor -entre ellos, los del PSOE y CiU-, 28 en contra y 6 abstenciones, se pone en marcha una nueva etapa de la reestructuración bancaria que supondrá 52.000 millones de euros para el saneamiento de las entidades, 2.000 millones más de los calculados en enero por el Ejecutivo, según explicó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos.
En su defensa de la reforma, destacó la importancia de que el sector financiero se concentre en menos entidades, como modo de dar confianza al mercado y de reactivar el crédito a familias y empresas.
Al respecto, el portavoz del PSOE, Valeriano Gómez, advirtió del riesgo de «oligopolio» que dicha concentración provocará -argumento repetido por el Grupo Mixto-, e insistió en que «el objetivo no debe ser tener entidades más grandes sino más sanas». Por ello reclamó medidas de control y que se cree una subcomisión que teste la reactivación crediticia. En cualquier caso y pese a las objeciones, el Grupo Socialista votó a favor de la reforma, ya que «continúa» lo hecho hasta la fecha a instancias del Gobierno anterior.
Tanto el grupo de la Izquierda Plural como UPyD pidieron una investigación parlamentaria sobre la responsabilidad de los gestores de las entidades financieras quebradas, mostrándose escépticos con la eficacia de las nuevas normas para abrir el grifo del crédito, al igual que el BNG, que explicó su voto en contra, entre otros motivos, porque era «el tiro de gracia definitivo a lo que queda de las cajas gallegas».
Competencias a salvo
Para evitar el rechazo de CiU y PNV, De Guindos garantizó la competencia autonómica sobre las fundaciones que se creen a partir de las cajas, aspecto este -el de la invasión de las competencias- recurrente en las intervenciones de ambos grupos nacionalistas y al que condicionaron su voto. Finalmente el primero se abstuvo y el segundo respaldó el decreto.
En su intervención, el ministro también se detuvo en la mala situación de la economía española, después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) diera a conocer que el PIB se contrajo un 0,3 % en el último trimestre del pasado año.
De Guindos destacó que los datos negativos contrastan con las previsiones del anterior Ejecutivo, que esperaba para el 2012 un crecimiento del 2,3 %, mientras que la realidad será mucho peor, e hizo suyas las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que apuntan a una caída del 1,5 % de la economía nacional este año, caída que -señaló- se reflejará en el mercado laboral.