Treinta imputados por mal uso de tarjetas de camión llevan casi una década de espera
08 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.A los grandes asuntos judiciales les salen telarañas en Lugo. La última memoria de la fiscalía provincial es un buen índice de casos que se encuentran aparcados en las estanterías o bien de las oficinas de los juzgados o en la propia sede que el ministerio público tiene en la Audiencia. Algunas diligencias fueron abiertas en el año 2003 y hasta ahora no han conseguido tener un fin, como es el caso de un investigación abierta al detectarse un presunto fraude en las tarjetas de transporte. No hay constancia de que otro asunto (de los 23 que aún no se resolvieron) acumule tanto retraso, aunque hay diligencias del año 2004 todavía por acabar y lo que es peor, parece que el final ni se vislumbra.
La memoria de la fiscalía, en su resumen general es pródiga en datos estadísticos porque hace referencia a diversas cuestiones relacionadas con las distintas tipologías de delitos. El ministerio público contabilizó algo más de 19.000 diligencias previas de las cuales 7.774 lo fueron por delitos contra el orden socioeconómico frente a las 8.446 del ejercicio anterior. Por hurto hubo 3.328, por robo con fuerza 1.578 y 160 por robo con violencia o intimidación.
Es significativa la lista de asuntos que, a pesar de pasar el tiempo, todavía no llegaron a la fase final que sería la celebración de juicio. Así, por ejemplo, en el capítulo de delitos de falsedad aparece desde el 2003 el ya reseñado caso de la falsificación de las tarjetas de transporte con unos 30 imputados.
En esta parcela está, además, abierto desde 2088 los presuntos casos de falsedades documentales en expedientes de extranjería tramitados por la comisaría lucense. Es un procedimiento incoado con motivo de la operación Carioca.
La operación Muralla, llevada a cabo en la Diputación, aparece también inconclusa desde el año 2006 en el apartado de delitos contra la administración Pública. En este caso, el fiscal recuerda que en 2010 fue analizada la documentación, «con el objeto de obtener una visión más aproximadamente del material en su día incautado, del que forman parte más de 40.000 documentos, para poder llegar a una prueba pericial económica con un objeto delimitado».
«Durante 2011 -dice- se sistematizó toda la información que se derivó del estudio de la documentación, proponiéndose una prueba pericial compleja a practicar por una de las brigadas de la Unidad de Delitos Económicos y por la Intervención General del Ministerio de Hacienda».
De 2006 son también otras diligencias por presunta malversación de caudales relacionada con la actividad náutica de la Diputación. Están también en los cajones las referidas a una denuncia presentada desde de la Fundación del Centro Superior Cinegético por un impago de la Diputación.
Más recientes, de 2008, los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias en el Concello de Castro (en fase de investigación); o la retirada de multas en la jefatura de tráfico. También está sin acabar el caso de las sanciones de la policía local.