El fiscal lo pidió al organismo estatal hace más de un año para conocer detalles de los contratos
04 nov 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Todo parecía apuntar que un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial sería un espaldarazo definitivo para la maltrecha operación Muralla, sin embargo no era así. El trabajo de los policías, trasladado a las partes hace solo unas semanas, establecía que la empresa Senén Prieto Ingeniería SL había sido creada, entre otros fines, para conseguir adjudicaciones presuntamente irregulares por parte de la Diputación Provincial de Lugo. Después de tantos años parada la investigación, ya pocos daban un duro por la misma. Sin embargo el referido trabajo policial reactivaba el caso y prácticamente lo colocaba en manos del fiscal para la adopción de decisiones.
Pero la operación Muralla no es amiga de las prisas. Todavía se demorará bastante más una solución definitiva. Y van seis años y medio de esperas. Ahora, todo parece depender de un informe de la Intervención General del Estado (IGAE).
Fuentes de la fiscalía recordaron que en su momento había sido el actual jefe, Javier Rey, quien había reclamado este informe. Lo hizo hace más de un año, sin embargo del mismo nada se sabe.
¿Qué se busca con esta opinión? Que Intervención emita su parecer sobre los contratos llevados a cabo entre la Diputación Provincial y la empresa Senén Prieto Ingeniería. Esos acuerdos alcanzados eran para ocuparse de la dirección de obras y la redacción de proyectos.
La mecánica, según el informe policial era muy sencilla. José Manuel Romay López, que era jefe del servicio de Vías y Obras de la Diputación, creó junto a otras personas, Senén Prieto Ingeniería S. L. Con el paso del tiempo los dos funcionarios del organismo provincial vinculados a la firma dieron paso a sus esposas para saltar la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y poder seguir utilizando la empresa tapadera.
Los promotores de la empresa buscaron a tres testaferros que eran los que presentaban las ofertas a a la Diputación durante el mandato de Francisco Cacharro Pardo. La triquiñuela tenía por objeto, según el informe policial, asegurarse las adjudicaciones de distintos proyectos a través de José Enrique Cacicedo Herrero (imputado) y eliminar todo tipo de competencia en el procedimiento negociado.
De acuerdo con las adjudicaciones que figuran en unos listados que en su momento fueron entregados a los investigadores, la Diputación de Lugo dio más de 1,5 millones a dos de los testaferros y supuestamente a Senén Prieto Ingeniería. En su momento, el fiscal del caso, Jesús Izaguirre, había cifrado en alrededor de dos mil las adjudicaciones alegales.
Los policías de la Brigada de Blanqueo de Capitales, para no alargar la investigación hasta extremos impensables, se centraron en trece propuestas correspondientes a proyectos de obras a ejecutar en los municipios de Barreiros, Cervo, Cospeito, Foz, Paradela, Abadín, Navia de Suarna, Ourol, Castroverde, Ribadeo, O Saviñao, Sober y Vilalba.
La conclusión del equipo de Madrid que investigó los hechos fue clara: hubo adjudicaciones arbitrarias a través de un proceso negociado previamente.