Hacienda peinará este año otros mil municipios en busca de bienes ocultos
LA GALICIA ECONÓMICA
Los gallegos han pagado casi 27 millones en tasas para regularizar sus inmuebles
22 ene 2019 . Actualizado a las 19:17 h.El llamado plan de regularización catastral, que arrancó en el 2013 y acabó oficialmente el 31 de diciembre pasado, tenía por objeto luchar contra el fraude y la economía sumergida. Y aunque Hacienda lo ha dado por terminado como revisión extraordinaria, el proyecto de Presupuestos generales que Sánchez ha presentado para el 2019 incluyen la previsión de que Hacienda peine otros mil municipios a lo largo de este año, sin que se sepa por ahora cuáles son. El ministerio ya incluyó en la ley de las cuentas públicas del pasado año 2018 la eliminación de la limitación temporal de este procedimiento, lo que abre ahora la puerta a revisiones ordinarias, unas inspecciones que, según confirma Hacienda, se harán de igual modo que en el plan de regularización.
En el caso gallego, la bolsa de bienes ocultos ha sorprendido incluso a los técnicos del Catastro, con casi medio millón de bienes aflorados, de los que cuatro de cada diez se trataban de nuevas construcciones.
Los contribuyentes gallegos han tenido que pagar al Catastro en los últimos cinco años casi 27 millones de euros con las llamadas tasas de regularización, que son las que aplica Hacienda cada vez que descubre que un bien no está debidamente inscrito, bien porque no constaba, como ocurre con las viviendas, galpones o piscinas, o porque ha sido ampliado, reformado o cambiado de uso. Cada ciudadano que recibe una notificación del Catastro tiene que pagar 60 euros. Y en Galicia han aflorado 447.900 inmuebles irregulares desde que Hacienda inició un proceso de revisión extraordinario. Es, de hecho, una comunidad con una gran proporción de ilegalidades destapadas, algo que tiene que ver con la idiosincrasia de su territorio, marcado por la dispersión poblacional y por una cultura muy arraigada de hacer obras y reformas en la propiedad. El procedimiento de regularización catastral afecta tanto a inmuebles urbanos como a rústicos con construcción. La tasa de 60 euros se paga para cada inmueble objeto de regularización, y debe ser abonada por el sujeto pasivo del IBI del ejercicio en el que se inicia el procedimiento.
El incremento de la factura del IBI ha estado empujado también por la revisión de valores Esta cantidad se paga mediante el modelo 990, según se notifica junto con la resolución y se hace en cualquier entidad colaboradora en la gestión recaudadora de tasas. La regularización de bienes afecta al pago del IBI y al impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalías municipales.
Los gallegos han presentado 40.000 reclamaciones por estar en desacuerdo con esa inspección. Y han tenido dos vías para hacerlo: una alegación a la propuesta de regularización que se le notifica, y que tiene que hacer antes de que pasen 15 días tras recibir el aviso; o un recurso administrativo una vez que la propuesta de regularización es firme.
«En todo momento, sin sujeción a un plazo, si un ciudadano está disconforme con la descripción catastral de su inmueble y no tiene nada pendiente de declarar, puede instar una subsanación de discrepancias para que esta se corresponda con la realidad», explican desde el Catastro. Una de las principales quejas que existen entre los contribuyentes es que se tenga que pagar una misma tasa de 60 euros por un galpón o un cobertizo no declarado que por una vivienda nueva o reformada que permanecía oculta a ojos del fisco. Y esto llevó al PSOE, en su momento, a plantear la supresión de esta tasa.
El incremento de la factura del IBI en Galicia no solo se ha producido por el afloramiento de bienes ocultos o de propiedades que estaban mal declaradas, sino porque los municipios, tras una fuerte caída de ingresos por la crisis, decidieron revisar unos valores catastrales que llevaban mucho tiempo desactualizados. Se trata de un asunto que también compete al Catastro, pero cuya actualización es a petición de los ayuntamientos. Es la cifra que sirve de referencia para la base imponible del IBI, el impuesto que más aporta a las arcas de los ayuntamientos (hasta un 30 % de sus ingresos). La antigüedad de la construcción, el emplazamiento (barrios más caros) o el estado de conservación influyen en el valor catastral.
