Los armadores apelan a la ONU para evitar restricciones de pesca en el Pacífico sur
GALICIA
El Acuerdo Galápagos intenta extender la soberanía marítima de Chile, Colombia, Perú y Ecuador más allá de las 200 millas Los armadores gallegos con intereses en aguas del Pacífico sur han acordado solicitar a Naciones Unidas que cree un organismo multilateral que regule las pesquerías internacionales situadas frente a las costas de Sudamérica, en un intento de neutralizar la intención de Chile, Perú, Colombia y Ecuador de extender su jurisdicción marítima más allá de las 200 millas. Este bloque de países ha suscrito recientemente el Acuerdo Galápagos con vistas a controlar los caladeros de la zona. Chile abandera la propuesta y busca aliados para impedir las descargas de la flota gallega en los puertos locales.
02 oct 2000 . Actualizado a las 07:00 h.Los empresarios han acudido a Bruselas para que emprenda las acciones pertinentes ante la ONU y ésta decida constituir un organismo multilateral específico para gestionar las capturas de pez espada en los caladeros situados en aguas del Pacífico sur, frente a las costas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Las fricciones surgidas entre la flota española _que pretende seguir faenando en esta zona_ y la postura contraria de Chile _que apela al factor conservacionista y abandera a sus aliados territoriales_ han derivado en un conflicto en el que han sido invocadas las más altas instancias internacionales para dirimir la fórmula más adecuada de gestionar el caladero de pez espada. El GATT, la FAO y la propia ONU han sido requeridas por ambas partes para solventar el problema. Mientras la pelota sigue en el tejado de la institución internacional, de momento, Chile ha ido tensionado las relaciones impidiendo, o al menos obstaculizando, las descargas de la flota gallega que faena en el caladero, aludiendo a la obligación de cumplimentar certificados zoosanitarios para las mercancías, lo que conlleva la instalación de complejos laboratorios a bordo de los buques pesqueros. Los armadores se niegan a llevar a efecto tal petición. «Guerra» de despachos A partir de aquí, comienza la guerra en los despachos. Los armadores denuncian el asunto ante las autoridades españolas, que, a su vez, se acogen a un Reglamento comunitario sobre obstaculización del comercio. Chile responde a esta maniobra arguyendo que sólo plantea la conservación del caladero, extremo que la UE niega ante los organismos internacionales. Chile vuelve a la carga y presenta una denuncia ante el GATT, a lo que los armadores españolas han contestado, vía Bruselas, con un recursos ante Naciones Unidas negando la sobreexplotación de los poblaciones pesqueras y añadiendo que es precisamente la ONU la que debe tutelar el caladero. Lejos de enfriarse los ánimos, la reciente firma del llamado Acuerdo Galápagos (suscrito por Chile, Colombia, Ecuador y Perú) amenaza con extender a todos los puertos de la costa occidental sudamericana las restricciones a la pesca de altura en el Pacífico sur. Chile, en connivencia con Perú, pretende que la prohición de efectuar desembarcos y transbordos de pescado en sus puertos se aplique en el resto de países hispanoamericanos. Los signatarios del Acuerdo Galápagos aspiran a que la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) imponga limitaciones a la pesca más allá de las 200 millas; es decir, fuera de la Zonas Económica Exclusiva (ZEE) de cada país.