Crónica | El futuro de la financiación europea El proyecto de Constitución europea abre una nueva vía para que España pueda ejercer durante más tiempo el derecho de veto sobre la política estructural
16 jun 2003 . Actualizado a las 07:00 h.Galicia tiene posibilidades de mantener abierto el grifo de los fondos comunitarios hasta el 2020. El proyecto de Constitución europea, que esta semana discutirán los líderes de la UE en la cumbre de Salónica (Grecia), abre una nueva vía para que España disfrute durante más tiempo del derecho a veto sobre la política estructural y para que Galicia no pierda de golpe los 726 millones de euros que cada año recibe de Bruselas. La garantía obtenida por el Gobierno español es mínima, pero tiene la importancia de que ha sido plasmada por escrito en el articulado de la futura Carta Magna europea, un texto que, no obstante, es susceptible de sufrir modificaciones cuando sea debatido por los estados miembros a partir de otoño. El reparto del pastel España es el país que recibe más fondos estructurales, casi 39.000 millones de euros para el período 2000-2006, en torno a un tercio del total. Además, el hecho de que el reparto del pastel se deba decidir por unanimidad le otorga a Madrid una especie de salvaguarda para vetar cualquier acuerdo contrario a sus intereses. Esta garantía española caducará -así se pactó en la cumbre de Niza- el 1 de enero del 2007. Ahora bien, el artículo 54 del proyecto constitucional abre la posibilidad de que España pueda mantener esta salvaguarda más tiempo. «El Consejo decidirá por unanimidad -detalla el artículo- cuando adopte el primer marco financiero plurianual tras la entrada en vigor de la Constitución». Y si el lento proceso de ratificaciones de la Carta Magna demora su entrada en vigor hasta el 2007, algo que es muy probable que ocurra, el primer período financiero que todavía tendrá que negociarse por unanimidad es el que tendrá efectos sobre el período 2014-2020. De cumplirse todas estos condiciones, España dispondría de un arma eficaz para preservar las ayudas de la UE hasta el 2020 y distribuirlas entras las regiones que, como Galicia, Extremadura o Andalucía, disponen de una renta por habitante inferior al 75% de la media comunitaria. Para el diario británico Financial Times, el citado artículo 54 se trata de una clara «concesión» hecha al Gobierno español por el presidente de la Convención, el francés Valéry Giscard d'Estaing, para ganarse el apoyo de Madrid a su proyecto de Constitución. Pese a este análisis, la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, manifestó que su oposición al texto inicial obedecía «a razones de principio, no de dinero», sobre todo relacionadas con el intento de Giscard de recortar el peso político de España en el seno del Consejo. En cualquier caso, el borrador constitucional permite que el Gobierno respire más tranquilo, pues despeja el temor de que el ingreso en la UE de una docena de nuevos países -algunos de ellos mucho más pobres que España- acabe también de forma drástica con las ayudas comunitarias que revierten en las comunidades españolas menos prósperas.