El Gobierno aumentará hasta casi medio millón de euros las multas a los pescadores furtivos La carrera de 21 días detrás del «Viarsa» obliga al Gobierno a replantearse su lucha contra la pesca ilegal
29 nov 2003 . Actualizado a las 06:00 h.?l Gobierno australiano ha respondido a las críticas locales que le reprochaban los pobres resultados de su política de lucha contra el saqueo de los mares por parte de embarcaciones piratas diseñando una nueva estrategia de actuación. Además del incremento de la cuantía de las sanciones por pesca ilegal, la principal acción que Canberra baraja para disuadir a los armadores sin licencia de operar en sus aguas es la de cargar a cuenta del propietario de la embarcación interceptada los gastos derivados de su propia persecución. Detrás de esta propuesta están sin duda los ecos del caso Viarsa , el palangrero gallego-uruguayo que fue interceptado a finales de agosto tras una persecución de 21 días por el Atlántico sur, una epopeya de la que el Gobierno australiano salió escaldado pues, aunque todavía hoy no ha facilitado coste total del despliegue, sí ha reconocido que requirió el desembolso de «varios millones de dólares australianos», en palabras del ministro de Pesca, Ian McDonald. Y lo peor de todo es que, tras semejante esfuerzo, contra el Viarsa sólo se tienen indicios y sospechas, pero ninguna prueba fehaciente de que el barco pescase ilegalmente en sus aguas. Y aunque el fiscal ha logrado un aplazamiento de la vista hasta el próximo día 19, no son muchas las posibilidades de encontrar evidencias más fuertes de su implicación en el delito que Australia le imputa. Blindaje Es por eso que, de enmendarse la actual ley para cargar la persecución en el debe del armador, Australia se blindaría contra nuevos casos similares al del Viarsa , puesto que de esta forma se aseguraría recuperar parte del desembolso. Aparte de la confiscación de la carga supuestamente ilegal -que ya permite la normativa australiana actualmente en vigor-, el Gobierno también está decidido a conseguir mayores ingresos por la vía de las sanciones impuestas a los pescadores ilegales, que pretende aumentar de cuantía. Así, si hoy la multa más grave se pena con 550.000 dólares australianos (casi 330.000 euros), el nuevo límite se incrementaría un 33%, hasta situarse en los 800.000 dólares australianos (cerca de medio millón de euros).