Las diputaciones, a examen | El margen constitucional Caamaño cree aplicable a Galicia la vía catalana si lo pactan los partidos gallegos
04 abr 2006 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno central considera que las garantías que establece la Constitución a favor de la vigencia de las provincias no son un obstáculo insalvable para remover la función de las diputaciones. Por el contrario, estima que redefinir o incluso suprimir el papel de estas instituciones es perfectamente compatible con mantener operativa la demarcación provincial. Ello explica por qué el Ejecutivo de Zapatero aceptó sin mayores objeciones la creación de veguerías en Cataluña, una decisión que, indirectamente, pone el semáforo en verde para que los partidos den un paso semejante en Galicia, si así lo desean, con motivo de la reforma del Estatuto. «El artículo 141 de la Constitución obliga a garantizar la supervivencia de la provincia y pone coto a todo intento de suprimirla. Pero lo que no dice en ningún sitio es que su órgano de gobierno deba ser forzosamente la diputación», explica el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el gallego Francisco Caamaño. En su opinión, siempre que se garantice la personalidad de la provincia, las funciones que entraña su existencia pueden ser desempeñadas por otros órganos. Ello no debería ocasionar contratiempos significativos, como prueba la experiencia de los cabildos canarios o las comunidades autónomas de carácter uniprovincial, donde las diputaciones se limitan a tener un carácter puramente testimonial o se han extinguido. Caamaño, que ha desempeñado un importante papel en las negociaciones para limar las discrepancias surgidas entre los partidos catalanes y el Gobierno a propósito del Estatut, es también un notable conocedor de las administraciones provincial y municipal, no en vano fue director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, así como codirector de la revista Cuadernos de Derecho Local . A su juicio, no hay impedimentos constitucionales insalvables para que la vía adoptada en Cataluña para reordenar su territorio se pueda aplicar también en Galicia si lo deciden de este modo los estatuyentes gallegos. El requisito es que «tengan siempre la cautela de respetar las provincias». El Estatut Sostiene que todo lo que aparece en el Estatut es «intachablemente constitucional» y que esta virtud es, por supuesto, extensible a las veguerías , organismos que se remontan a la alta Edad Media y que ocuparán un peldaño intermedio entre la Administración local y la autonómica, asumiendo competencias de ésta y del Gobierno central, lo que en la práctica dará la puntilla a las diputaciones. En Galicia, tan sólo son firmes partidarios de la desaparición de estos organismos los nacionalistas del BNG, que promueven el reconocimiento de dos niveles territoriales por debajo del autonómico: el ayuntamiento y la comarca o región urbana. Los socialistas no ven inconveniente en adelgazar el poder diputacional cediendo parte de sus atribuciones a ayuntamientos, áreas metropolitanas o regiones urbanas, pero son remisos a la supresión de los órganos provinciales, opción que descarta totalmente y produce sarpullidos en el PP.