El toma y daca entre el Ministerio de Administraciones Públicas y Vicepresidencia de la Xunta sobre el nombre del órgano de Gobierno de Galicia se mantiene vivo. El Ejecutivo central argumenta que la palabra «Junta» es la que figura «en el Estatuto refrendado en el Parlamento nacional» y así es como, a su juicio, corresponde denominar por escrito a la comunidad desde las instancias centrales. El Gobierno central se refiere a la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, Estatuto de Autonomía de Galicia. El propio Ministerio de Administraciones Públicas supeditó el cambio de actitud a la aprobación del nuevo Estatuto. Fuentes ministeriales aseguraron que algo similar le sucedió a la Comunidad Valenciana, a cuyo máximo órgano ejecutivo el Gobierno central denominó en muchas ocasiones Generalidad hasta que dispuso de nuevo texto estatutario e incorporó Generalitat, según consta ya en la norma aprobada en el Congreso de los Diputados. «Cuando se corrija el Estatuto no hay inconveniente», indicó un portavoz próximo a la Secretaría de Estado, quien sostuvo que entretanto «Junta de Galicia es el nombre reflejado en el Congreso y a eso se acoge la Administración General del Estado». Buena fe La Vicepresidencia del Gobierno gallego insiste en su petición de exigir al Ejecutivo central que utilice la expresión Xunta de Galicia, cuando le remite los documentos para firmar las actas de la Comisión Mixta de Transferencias, todavía pendientes por el litigio lingüístico. El Ministerio que encabeza Jordi Sevilla argumenta y pone como ejemplo de su buena fe en este asunto que el Estatuto balear recoge la denominación Illes Balears y así la emplea por escrito sin ningún inconveniente. El departamento de Anxo Quintana ha pedido al Ministerio de Administraciones Públicas, en las últimas semanas, que rectifique la denominación «Junta», de acuerdo con la Lei Reguladora da Xunta e do seu Presidente, y escriba con equis el nombre de este órgano de Gobierno. «Una norma de ámbito autonómico no tiene aplicación a nivel estatal», arguyeron las fuentes ministeriales consultadas respecto a la demanda nacionalista.