El Senado debate hoy el Estatuto del Empleado Público, en el que se recoge la nueva facultad Administraciones Públicas sostiene que la medida sólo se refiere a las grandes ciudades
20 mar 2007 . Actualizado a las 06:00 h.El poder de los secretarios de los ayuntamientos se extingue y el de los alcaldes va en aumento. El papel de los encargados de velar por la legalidad en las corporaciones municipales pasará a depender de la empatía con el regidor de turno, o al menos eso es lo que dicen los secretarios, interventores y tesoreros gallegos que va a ocurrir si finalmente el Senado aprueba hoy el Estatuto del Empleado Público con la redacción que ha llegado a la Cámara alta. La disposición adicional segunda de dicho Estatuto «vai supor un debilitamento dos controis de legalidade e económico-financeiros das corporacións locais», explicó ayer un representante de Cosital, organismo que agrupa en Galicia a medio millar de secretarios, interventores y tesoreros. La alarma surge porque estas tres figuras profesionales «poderán ser libremente designadas e libremente revogadas polos alcaldes ou presidentes das corporacións». Entienden estos funcionarios que su imparcialidad e independencia «quedará seriamente cuestionada» con la aprobación de la nueva normativa. Enmienda socialista El Ministerio de Administraciones Publicas negó ayer que el Estatuto del Empleado Público vaya a reducir los controles y garantías de los ayuntamientos. «Nada hay en el texto que se refiera a los mecanismos de control de las Administraciones, que se recogen en otras normas, por lo que el ministerio considera que cualquier acusación en este sentido es falsa y está motivada por intereses corporativistas», replicó el Gobierno. De todos modos, fuentes del departamento que dirige Jordi Sevilla indicaron que, para aclarar cuantas dudas puedan surgir, el Grupo Socialista en el Senado presentó una enmienda «por la que se limita a los grandes ayuntamientos y diputaciones la posibilidad de nombramiento de libre designación en estos puestos, y como en todos los casos, entre funcionarios que hayan ganado su plaza por oposición». Desde el ministerio inciden en que esta regulación «no influye en ninguno de los casos de corrupción que desgraciadamente se han producido en los últimos años» y apuntan que en la presente legislatura se han cubierto más de 1.600 plazas de interventores y secretarios que se encontraban vacantes, «con lo que se ha subsanado un problema real que sí afectaba a la realización de esas funciones». Los miembros de Cosital agradecieron ayer a los senadores de los tres partidos políticos con presencia en el Parlamento gallego que hubieran recogido sus sugerencias para las enmiendas presentadas contra el texto aprobado en el Congreso de los Diputados, sobre todo a Francisco Jorquera (BNG) y Gabriel Elorriaga (PP). De todos modos, advirtieron de que aunque muchos partidos no están de acuerdo con la nueva normativa, «resulta un auténtico paradoxo democrático que, de xeito individual, cada grupo político teña acollida a nosa proposta contra a libre designación e logo, no seu conxunto, o texto definitivamente ditaminado na Comisión de Administracións Públicas manteña a mesma redacción aprobada polo Congreso dos Deputados». No a la división territorial El segundo punto de la nueva legislación que critican desde Cosital, aunque lo consideran ya un mal menor, es que las competencias sobre estos funcionarios sea transferidas a las comunidades autónomas. El ministerio sostiene que la nueva normativa es similar a la aprobada por el PP hace cuatro años, «y a la que no se opuso el colectivo afectado».