Una mujer reclama seguir viviendo en el mismo barrio de Lavadores para no perjudicar al menor de seis años que, alega, se encuentra muy bien integrado
04 sep 2024 . Actualizado a las 00:52 h.Una sentencia obliga a una viguesa a dejar la casa en la que vive desde hace 10 años y en la que nació uno de sus hijos. La vivienda de Lavadores pertenece a la familia de su pareja, que falleció. No tiene ningún documento ni contrato que le ampare para continuar residiendo en el domicilio. Ha presentado un recurso de casación contra la sentencia firme que le obliga a desalojar el inmueble. Sabe que es una estrategia que no va a corregir el fallo judicial, pero le permite ganar tiempo, puesto que no tiene ninguna alternativa para seguir residiendo en el mismo entorno, por el bien de su hijo.
Sin trabajo y con unos ingresos bajos, lamenta que ha pedido ayuda a las administraciones y no se la han concedido. «Del Concello fui a la Xunta, pero lo mío no es un caso típico de desahucio. No soy un desalojo por impago de alquiler», asegura Maica Lago. Ha recibido asesoramiento de la Federación de Vecinos Eduardo Chao, con quienes ha comprobado que, como no tiene ningún contrato de alquiler del lugar en el que vive, tampoco tiene acceso al bono social que la Xunta otorga en los casos de desahucios por impago. «Es como si fuera okupa en casa de sus suegros», señalan desde la entidad vecinal.
Para empeorar las cosas, de verse en la calle se arriesga a perder la custodia de su hijo de seis años. La policía ya fue a visitarla al tener noticias de que podría estar viviendo en un bajo en malas condiciones de habitabilidad, aunque explicó que lo que hacía era empezar a trasladar allí sus pertenencias para tenerlas almacenadas.
Maica sabe que podría irse a vivir al Concello de Ponteareas. Allí estuvo casada durante 15 años y tiene una hermana con la que podría vivir. Pero no quiere dejar el barrio donde observa que su hijo crece feliz. Allí tiene a su mejor amigo y rehúsa cambiarlo de colegio, donde está muy bien integrado. El niño tampoco se quiere marchar de la vivienda. «Nadie tiene en cuenta lo que piensa ni lo que siente mi hijo. No puedo hacerle eso», lamenta la madre. Dice que tiene un informe médico que desaconseja que el niño cambie de su entorno. Por sus propios medios no podría sufragar el pago de un alquiler con los precios actuales del mercado. Cobra 500 euros del Ingreso Mínimo Vital y 300 de una pensión de orfandad.
Trabajó durante muchos años como cajera en un hipermercado. Tras la muerte de su pareja, no fue capaz de continuar con su ocupación laboral. Llegó el momento de renovar el contrato, pero voluntariamente no lo hizo. «No tenía fuerzas para seguir adelante», asegura.
Su pareja se quitó la vida en julio de 2021. Fue una experiencia muy traumática. Entró en una depresión. Ahora las deudas la acechan. En primer lugar, una entidad bancaria reclama al pequeño, como heredero, el pago de un préstamo que había pedido el padre un año antes de morir. No paran de llegar cartas reclamando el pago. Hace tiempo que no las abre.
Deuda judicial
Debe, además, 16.000 euros porque el juez la condenó en costas en el procedimiento judicial por el que debe dejar la casa. Afirma que la otra parte contrató a uno de los despachos de abogados más caros de la ciudad.
Asegura que tiene dos minutas pendientes de pago por valor de 8.000 euros. Se trata de una cantidad que resulta inalcanzable para ella. Reconoce que no está a gusto viviendo en una casa que no le pertenece, pero su hijo quiere seguir allí porque no ha conocido otro lugar. Se fueron a esta vivienda porque se la ofrecieron los familiares de su pareja. Todo fue bien hasta hace pocos años. En la casa hicieron reformas pensando que iba a ser de su propiedad. También adoptaron un perro Rottweiler que otro hijo suyo encontró abandonado. «Gasté toda mi herencia aquí», asegura. Ahora se puede ver en la calle de la noche a la mañana. «Pido lo que reclama todo el mundo, el derecho a una vivienda digna y que mi hijo no se mueva de aquí», dice.