Deberán indemnizar con 242.000 euros a los propietarios La Audiencia de Pontevedra ratifica una ejemplar sentencia de un juzgado de Vilagarcía
25 jun 2007 . Actualizado a las 07:00 h.Las 14 familias que compraron en construcción un edificio en la calle Blanco Amor, de Vilagarcía, llevan varios años viviendo en un inmueble declarado por un juez en ruina funcional. Mantienen la luz de obra porque la compañía eléctrica se niega a hacerles un contrato, ya que el lugar de los contadores está en el mismo cuarto que el del agua, algo que es ilegal. No tiene sala de comunicaciones, con lo que tampoco pueden disponer de teléfono fijo. No hay calefacción, filtra agua por todas partes, las paredes son de papel y nadie sabe cuál es su plaza de garaje, porque se construyeron más de las permitidas y los coches no tienen sitio para maniobrar. Los propietarios, tras muchos meses de tira y afloja intentando solucionar los problemas por las buenas, acudieron al juzgado y denunciaron al constructor del edificio, Modesto Figueirido; al redactor del proyecto, José Antonio Martín Curty; y al arquitecto técnico, Manuel Castromil. El Juzgado número 3 de Vilagarcía, en una sentencia dictada el pasado mes de noviembre, los condenó a los tres, de forma conjunta y solidaria, a indemnizar a los propietarios con 242.000 euros, la cantidad que se estimó necesaria para reparar todos los defectos del inmueble. El constructor fue declarado en rebeldía, ya que ni siquiera se presentó al juicio, y el arquitecto técnico, Manuel Castromil, falleció unas semanas después de que se emitiese la sentencia. Fueron sus herederos, además de Martín Curty, los que recurrieron el fallo judicial. Ahora, la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de ratificar punto por punto el contenido de la sentencia. El redactor del proyecto se defendió en todo momento diciendo que fue el constructor el que engañó a los vecinos a los que había vendido los pisos. Pero los magistrados de la Audiencia Provincial dicen que «la responsabilidad del arquitecto superior se ha basado en algunos casos en la misma gravedad y diversidad de los defectos constructivos aparecidos que no debieron pasar desapercibidos para la alta dirección de la obra que incumbe al arquitecto, si hubiera actuado con la debida diligencia». Aunque todavía puede ser apelada, los propietarios (que llevan cuatro años en el edificio) van a exigir que se ejecute la sentencia para empezar las obras y convertir sus viviendas en un verdadero hogar.