El Gobierno gallego cerrará hoy con las organizaciones sindicales el acuerdo que las dos partes llevan negociando desde principios de año para la consolidación laboral de cientos de empleados de la Administración. El proceso favorecerá al personal laboral que fue contratado antes del 1 de julio de 1998 -que no accedió a la Xunta por los procedimientos reglados actuales, que atienden los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad- y a los incorporados a través de asistencias técnicas, sin oposición, que ya están desempeñando las mismas labores que el resto de los funcionarios.
La que será la primera convocatoria de consolidación desde 1991 prevé que el personal afectado por la modificación del cuarto convenio colectivo de la Xunta, publicado en el Diario Oficial de Galicia del 30 de julio del 2007, podrá acceder a un puesto laboral fijo por medio de un concurso de méritos, es decir, ese personal no tendrá competencia.
Se trata de personal laboral temporal transferido del Inem y del contratado temporalmente por la Xunta antes del 1 de julio de 1998. Según el texto del acuerdo que Presidencia ha remitido a los sindicatos para su aprobación en la cita de hoy, ese colectivo accederá a 433 plazas, de las que 341 serán de nueva creación. Ahí entrarán desde titulados superiores a técnicos especialistas en informática o auxiliares administrativos.
Además, el proceso de consolidación incorpora también, de acuerdo con la la disposición adicional transitoria 16 de la Lei 13/2007 (la que creó el plus para los altos cargos), las plazas que fueron ocupadas de forma interina antes del 1 de enero del 2005 y que lo sigan estando en el momento de la convocatoria. Estos interinos no tendrán las facilidades del personal laboral anterior a 1998, ya que las plazas que se convoquen se cubrirán por sistema de concurso-oposición, si bien dispondrán de puntos por servicios prestados.
El ámbito de estos procesos de consolidación laboral se completa con los trabajadores que fueron incorporados por la Xunta a través de asistencias técnicas. El actual Gobierno heredó de la etapa de Fraga unos 1.700 contratados por ese procedimiento. En la mayoría de los casos, esos trabajadores están acudiendo a los tribunales para exigir que se les cree un puesto en la Xunta, y el juez les está dando la razón. El propio conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, admitió en septiembre pasado que ya había más de 500 sentencias favorables a ese colectivo, que obligan a la Administración a crear otras tantas plazas laborales.
La peligrosa reforma del 2006
En este sentido, la reforma laboral impulsada por el ministro Jesús Caldera en el 2006 creó un problema para las Administraciones públicas cuyo alcance aún está por ver, ya que dicta que cualquier persona con un vínculo laboral de dos años debe pasar a ser indefinida, también si es empleado público.