El juzgado tenía desde febrero del 2003 el acta de la reunión que firmó el ingeniero naval que avaló el alejamiento
27 mar 2009 . Actualizado a las 02:11 h.La revelación de que uno de los dos peritos nombrados por el juzgado para investigar el caso Prestige estuvo en una reunión con el Gobierno y firmó un ambigua acta que avalaría las decisiones durante la gestión de la crisis ha provocado un terremoto judicial cuando el caso afrontaba su fase final. Dos acusaciones populares -Nunca Máis e Izquierda Unida- y los letrados que defienden a Mangouras pretenden que la jueza anule una de las dos principales pruebas del sumario -la que avala el alejamiento- cuando ya se ha dado por terminada la instrucción.
En el caso de los abogados de la armadora y del capitán, que ejercen una doble función de defensa y acusación no constituida como tal, presentaron ayer un recurso de reforma en el juzgado de Corcubión en el que constatan la «nulidad del informe de Santiago Martín Criado por la falta de independencia del perito», al tiempo que piden que se deje sin efecto el levantamiento de la imputación al ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.
También ayer entró en el registro del juzgado el recurso de reforma interpuesto por el abogado de Izquierda Unida, Alfonso Suárez, en el que se solicita la nulidad tanto del informe como del auto de la jueza Carmen Veiras Suárez. Respecto al perito, se asegura que «silenció deliberadamente ante este juzgado su condición de asesor de una de las partes, pues como claramente consta en el acta del Cecop [Centro de Coordinación de Operaciones] del 19 de noviembre de 2003, uno de los integrantes de dicho organismo era el propio perito ahora informante». El letrado también pide a la jueza que dé traslado al Ministerio Fiscal «a fin de que valore si el perito hubiese podido incurrir en algún tipo de responsabilidad penal».
En este frente común que se ha formado por simple «conjunción táctica», como la definió ayer un letrado, queda el recurso de Nunca Máis, que apelará directamente ante la Audiencia de A Coruña y, por tanto, aún tiene de plazo hasta el lunes. En el recurso también pedirán que se anule la prueba que analizaba el estado del petrolero y la orden de alejarlo, pues la firma del acta por parte del ingeniero naval «compromete gravemente su imparcialidad». Este hecho servirá para apoyar su petición de que se impute a Sors.
Lo curioso es que la célebre copia del acta está compulsada por la Delegación del Gobierno el 8 de enero del 2003 y llegó al juzgado junto con otra documentación del Ministerio de Fomento un mes después. El hecho de que esta información obrara en autos desde entonces y nadie se percatara «es más que sorprendente», confesó un jurista.