Francia recurre el auto del «Prestige» y pide imputar a seis técnicos de la firma que lo revisó
GALICIA
Desde que hace dos años se decidiera que el juicio matriz del Prestige se celebrara en España y Francia renunciara al proceso judicial abierto en Brest, la presencia gala en la instrucción de Corcubión fue muy discreta. Pero finalmente la Administración francesa ha hablado, y lo ha hecho a través de un escrito presentado ayer en el que se recurre el auto con el que la jueza cierra la instrucción, imputa al capitán y a otros dos miembros de la tripulación, y decreta el sobreseimiento para el único alto cargo imputado, José Luis López Sors.
Según ha podido saber La Voz a través de los abogados que representan a Francia en la causa, el Gobierno galo está conforme con todos estos aspectos del auto, incluido el sobreseimiento del ex director general de la Marina Mercante, pero no está de acuerdo con que se termine la fase de instrucción sin que se impute a técnicos de ABS, la firma que revisó el petrolero. «Francia no está conforme con que la instrucción se cierre justo cuando hay indicios claros de negligencia en la clasificadora», aseguró ayer Carlos Zabala, del bufete Gómez-Acebo & Pombo, que junto con Carlos Saiz son los encargados de representar a la Administración francesa en el caso.
Así, en su recurso piden a la jueza que llame a declarar como imputados a nada menos que a seis empleados y técnicos de la empresa ABS o relacionados con ella, al considerar que tuvieron una implicación directa en la decisión de permitir que un barco en mal estado navegara.
En concreto, reclaman que se impute al responsable de la empresa en El Pireo (Grecia) y al técnico de la empresa Thomas Marine que, tras informar a ABS y a la armadora, habría permitido que se reemplazaran piezas con grosor inferior al original en la zona más debilitada del Prestige .
A raíz de la declaración del representante de ABS en España, también solicitan que se impute a los dos miembros de la división europea de la clasificadora que el delegado en España mencionó como miembros del gabinete de crisis creado por la sociedad de clasificación a raíz del accidente.
Por último, también reclaman que se cite como imputados a los dos inspectores que realizaron el último reconocimiento anual del buque en Dubái (Emiratos Árabes) en mayo del 2002, por no haber inspeccionado la zona donde se produjo la avería inicial.
Basado en el auto
Según Carlos Zabala, en el propio auto de la jueza se relatan los indicios de negligencia a los que se refiere el recurso, al mencionar, por ejemplo, que en la inspección anual de Dubái, «no fue revisado el tanque de lastre número 3 a pesar de la alta corrosión que se detectó en las inspecciones de Rumanía y China». De ahí que, tomando como base las propias apreciaciones de la jueza, consideran que la instrucción no puede cerrarse sin investigar la supuesta cadena de errores en la clasificadora estadounidense.
En este sentido es preciso recordar que España está pendiente de continuar con su pleito civil en Estados Unidos contra ABS, a la que reclama que 1.000 millones de dólares por sus inspecciones supuestamente negligentes. Por tanto, los servicios jurídicos del Estado nunca estuvieron interesados en la vía penal contra la clasificadora en Corcubión.
Esta percepción es totalmente diferente en el caso de Francia. «Si el Gobierno francés hubiera querido seguir la vía civil, lo habría hecho en Francia. Pero está interesado en el procedimiento penal», asegura Carlos Zabala.