El auto judicial imputa a la presidenta del ente y a un alto cargo del Gobierno central por prevaricación
23 ene 2010 . Actualizado a las 02:03 h.La paralización del proyecto de ampliación del muelle de Areal ha dejado al puerto de Vigo en una situación difícil, ya que se queda sin una zona de atraque durante un tiempo indefinido que no se prevé corto. Este es un daño colateral del auto judicial conocido el jueves y que ha provocado un auténtico terremoto en el puerto vigués. Su consecuencia inmediata es que la tantas veces intentada ampliación de Areal queda una vez más bloqueada, aunque la última palabra la tendrá ahora la Audiencia Provincial.
La presidenta del Puerto, Corina Porro, destacó ayer el daño que va a sufrir la economía de la ciudad con esta medida, ya que el puerto se queda de momento sin ampliación. Mientras no exista una decisión definitiva, una parte de los muelles Areal y Transversal (utilizados para el comercio de sal, piedra y chapa, principalmente) estarán fuera de servicio al haberse iniciado las obras. A día de hoy, con la importante bajada de tráficos que se ha producido, no supone un grave problema. Por el contrario, en caso de repuntar la actividad el puerto vigués podría colapsarse.
Estaba previsto que ambos muelles estuvieran fuera de servicio durante tres años, tiempo previsto de ejecución del relleno de casi 50.000 metros cuadrados, un tercio de esta superficie apoyada sobre pilotes. Ahora, sin embargo, el panorama es incierto y a más largo plazo a la espera de que se aclare si las obras pueden seguir adelante. Por este motivo en los estamentos portuarios el desánimo era ayer evidente, al igual que entre los sectores económicos y empresariales de la ciudad
Porro, imputada
Lo evidente en estos momentos es que se imputan a la presidenta portuaria, Corina Porro, y a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Gobierno central, María Jesús Rodríguez, sendos delitos de prevaricación. A la primera, por haber impulsado la obra sin existir un plan de usos de los espacios portuarios, y a la responsable del Ministerio de Medio Ambiente, por eximir a esta obra de la declaración previa de impacto ambiental.
Porro protestó ayer por una decisión que asegura dañará gravemente a la economía viguesa y cree que carece de base jurídica. Recordó que Vigo no es el único puerto español sin plan de usos, «circunstancia que también se produce en Ceuta, Melilla, Málaga, Sevilla o Valencia, y en muchos de ellos se están llevando a cabo importantes proyectos, algo que yo comprobé personalmente en Sevilla hace muy poco tiempo», precisó.
También defiende la interpretación de la directora general, quien consideró innecesaria la declaración de impacto. «Ya tenía vía libre un relleno de 120.000 metros cuadrados, por lo que parece obvio que otro menor y en parte sobre pilotes no precise un nuevo expediente».
Informes favorables
La tesis de Porro cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado, que recurrió la primera paralización y en estos momentos prepara el recurso ante la Audiencia Provincial. También destaca la presidenta que el proyecto cuenta con informes favorables. «Todo era legal y se podía hacer», concluye. Pese a esta opinión, en este segundo auto la jueza extiende una posible imputación de prevaricación «a alguna de las autoridades portuarias de Vigo sin limitar la misma a una única persona».
La presidenta portuaria se quejó ayer de que antes de dictar una resolución de semejante gravedad la jueza no considerara adecuado llamarla a declarar ni tampoco pedir informes periciales sobre los requisitos técnicos que precisa una obra de este tipo. Por este motivo, tiene intención de solicitar ser escuchada antes de que la Justicia adopte una nueva decisión.