La presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo y ex alcaldesa de la ciudad, Corina Porro, entregó ayer numerosa documentación e informes a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo tras prestar una declaración voluntaria durante dos horas y media. Está imputada por los delitos de prevaricación, delito contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio por haber iniciado las obras de ampliación del muelle de Areal en el puerto de Vigo sin un plan de usos portuarios.
Porro añadió que quiere emprender las obras de Areal, pero que está a la espera de recibir el doble informe del Centro de Experimentación de Obras Públicas (Cedex) que reclamó la Quinta Sección de la Audiencia sobre los lodos y el material de relleno. Confía en que el proceso se resuelva favorablemente.
La imputada respondió a la fiscala especial de Vigo, quien le preguntó en base a un grueso cuestionario, en presencia del abogado del Estado. Fuera aguardaron el director del puerto y un asesor legal.
A la salida, Porro, dijo sentirse «satisfecha» de que le diesen la oportunidad de presentar los informes de las actuaciones desde el inicio del expediente y los dictámenes de Puertos del Estado, Puerto de Vigo y Abogacía del Estado. La documentación entregada ya estaba en el plan de empresa que se negoció en el 2008. Porro aportó a la jueza informes sobre las actividades realizadas sin plan de espacios portuarios y con otra ley en vigor desde 1993, realizadas por seis presidentes que invirtieron 360 millones. Mencionó la ampliación de Bouzas, la mejora de la lonja o del muelle pesquero.
Plataforma de San Simón
El juzgado admitió el pasado miércoles que la Plataforma de la Ensenada de San Simón pueda personarse en la causa como acción popular. Este organismo se suma a la plataforma A Ría Non se Vende, que fue la que denunció las obras.
Fuentes cercanas al caso señalan que Porro tuvo que contestar a la fiscala a la pregunta de si existía dicho plan de usos portuarios. Los denunciantes insisten en que el Puerto carece de un proyecto reformado de la modificación de Areal y la prueba es que nadie ha convocado la exposición pública para presentar alegaciones. Niegan que exista una memoria justificativa del material vertido.