El ministerio público dirige sus demandas al armador y sobre todo a la aseguradora, la única firma solvente
09 jun 2010 . Actualizado a las 03:35 h.El plazo para la presentación de los escritos de acusación en el caso Prestige finalizó ayer sin que se produjeran cambios en las estrategias legales de las partes más importantes del procedimiento. Sí es más llamativa en cambio la vertiente de la responsabilidad civil. Según ha podido saber La Voz por fuentes del proceso, la Fiscalía, que no acusará al ex director general de la Marina Mercante, reclamará cerca de 2.000 millones de euros por el daño global de la catástrofe del Prestige , una cifra que casi duplica las estimaciones más holgadas realizadas hasta ahora y el montante global que se demanda en el juzgado de Corcubión: 1.264 millones de euros. De ellos, 967 los reclama la Administración central a través de la Abogacía del Estado, aunque los peritos designados para comprobar los gastos solo ven justificados 222,7.
La novedad en la reclamación de la Fiscalía consiste en el método para calcular el daño global del vertido, que no solo tiene en cuenta la relación entre el daño y el coste, o los perjuicios a Administraciones y particulares, sino también el impacto ambiental.
Según ha podido saber La Voz, el cálculo se basa en la valoración contingente, un sistema que fue ampliamente utilizado en la Justicia de EE.?UU. tras la catástrofe del Exxon Valdez . Este modelo consiste en analizar mediante muestreos distintas variables sobre los perjuicios ocasionados al medio ambiente o sobre cómo valoran los ciudadanos el ecosistema que se ha visto afectado por la marea negra. Como muchos de los bienes ambientales que se perdieron tras la catástrofe ecológica no tienen un precio asignado por el mercado, su valor se reconstruye a través de encuestas.
La Fiscalía se ha asesorado en expertos para asumir en su demanda civil el método de cálculo del daño ambiental, que no está incluido como tal en las categorías de daños indemnizables que acepta el Fondo Internacional de Compensación de Daños por Hidrocarburos (Fidac). No obstante, se decidió que esta variable no podía quedar fuera de la reclamación del ministerio público, la más importante de cuantas se presentarán en la vertiente civil del procedimiento.
Al no estar imputada la clasificadora ABS que dio el visto bueno técnico al buque -fue demandada por el Estado en Nueva York-, la Fiscalía dirige su reclamación al entorno empresarial del armador -Universe Maritime y Mare Shipping-, así como a la aseguradora del buque, el London P&I Club, que depositó la fianza de 3 millones de euros del capitán del buque, Apostolos Mangouras.
Otras acusaciones
Por otra parte, las peticiones de penas de cárcel contra el único cargo público imputado, José Luis López Sors, se sustentarán en las dos acusaciones populares -Nunca Máis, que reclama cinco años y un día, e Izquierda Unida- y en una minoría de las particulares pues, como estaba previsto, la representación legal de la mayoría de los damnificados -unas sesenta cofradías- renuncia a acusar al ex director de la Marina Mercante.
Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía dirigen su acusación contra el capitán Mangouras y, en menor medida, contra el jefe de máquinas y el primer oficial, unos miembros de la tripulación a los que Nunca Máis renuncia a acusar por las dificultades que puede acarrear su localización de cara a la celebración del juicio. La plataforma ciudadana pide para Mangouras cinco años y seis meses de cárcel, pena que los letrados de la mayoría de los afectados elevan a nueve.
La Abogacía del Estado adoptará por tanto una doble función: ejercerá de acusación contra los tripulantes del petrolero y la armadora, al tiempo que defenderá a López Sors durante el juicio, que podría comenzar el próximo otoño si no hay imprevistos.