Las 5 tramas investigadas involucran a más de 200 personas, entre ellas, ediles, policías, guardias, alcaldes, cargos políticos y curas
27 jun 2010 . Actualizado a las 03:14 h.Si el municipio lucense de Negueira de Muñiz tuviese juzgado y su responsable llevase a cabo una actividad tan intensa como la de las tres juezas de instrucción que hay en Lugo, todos los habitantes de Negueira estarían imputados. Las cinco tramas puestas al descubierto en los últimos tiempos en la ciudad de la muralla implican a más de 200 personas, una cifra superior al censo del pequeño concello en el 2009.
No hay antecedentes en la historia judicial lucense de una actividad tan frenética. Las investigaciones afectan a un ex subdelegado del Gobierno, alcaldes, policías, guardias, empresarios, cargos en materia de extranjería, médicos y hasta al mismísimo clero. Hay para dar y tomar.
Las escuchas telefónicas impuestas por las juezas descubrieron la existencia de redes que explotaban a mujeres, a marroquíes y hasta las que planeaban negocios dudosos en países africanos como Senegal, a mayores de operaciones urbanísticas de cierto calado. Incluso ahora se investiga si bebés de pocos meses fueron o no retirados de sus familias desestructuradas.
Es lo que hay. Mejor dicho, es lo que parece que hay, porque el secreto del sumario de la operación Carioca (la red de los burdeles) está por ser levantado y es explosivo. Para muchos ya comenzó la cuenta atrás hacia el banquillo. Quienes pensaban que los asuntos podían acabar en agua de borrajas fallaron.
Las juezas, Estela San José y Pilar de Lara, tomaron la iniciativa que en otro tiempo llevaron los fiscales Jesús García Calderón y Jesús Izaguirre. En el camino topan multitud de dificultades. Incluso la Audiencia Provincial parece no estar en sintonía. En varias ocasiones ordenó la liberación de encarcelados y, además, obligó a levantar el secreto de algunos sumarios. A sus señorías les queda mucho camino, aunque algunos asuntos están ya casi rematados.
MARROQUÍES EXPLOTADOS
Activada hace más de año y medio por Estela San José, del Juzgado de Instrucción número 3, buscaba poner al descubierto un entramado que explotaba a marroquíes que entraban ilegalmente en España y trabajaban por sueldos irrisorios en granjas y recogiendo pollos. Jamás la jueza se imaginó que a esta investigación le iba a sacar tanto jugo. Ordenó pinchar decenas de teléfonos y de las conversaciones brotaron otras operaciones, por ejemplo, la de las multas retiradas en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Su investigación hizo aflorar una trama que explotó, por lo menos, a más de 500 marroquíes en Lugo y León. Muchos incluso pasaban hambre y vivían hacinados en habitaciones en las que llegaron a convivir hasta media docena de personas. Un marroquí, que estuvo encarcelado, era quien dirigía la operación. Algunos de los explotados cuidaban ovejas en Ponferrada, otros trabajaban en granjas de Terra Chá y un alto porcentaje se dedicaba a recoger pollos de noche. Tarea insalubre por la que percibían unos céntimos por cada ave a la que echaban el guante.
En esta operación hay más de un centenar de imputados, pero es posible que al final el fiscal termine por no efectuar acusación a algunos de ellos.
ADJUDICACIONES BAJO LA LUPA
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Los pollos llevaron a la jueza a otra macroinvestigación, por presuntas irregularidades en el Concello de Castro de Rei. De las escuchas telefónicas salieron toneladas de información. En las grabaciones aparecen multitud de personas, políticos, alcaldes, diplomáticos, un ex conselleiro socialista e incluso alguien de la judicatura. Lo que San José buscaba era una trama en la adjudicación de pequeñas obras. También supo de un plan para construir más de cien chalés de manera supuestamente irregular, por lo que se incoó otro expediente. Hay más de una docena de imputados, entre ellos, el alcalde, varios ediles, la secretaria municipal y algunos empresarios. El regidor fue detenido junto a tres concejales del equipo de gobierno.
Hace solo unas semanas, la Audiencia Provincial obligó a la jueza, basándose en un error tipográfico -según fuentes judiciales-, a que levantase el secreto de las actuaciones y diera copia de cinco tomos, unos 5.000 folios, a las partes.