Para muchas acusaciones personadas en Corcubión, el exministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos fue la X del caso Prestige. Consideran que, como sucedió en los GAL, fueron los cargos intermedios los que asumieron el peso de la culpa para salvar el tipo a los que estaban en la cúpula del poder. Aunque es preciso recordar que, en esta causa, el ex director general de la Marina Mercante declaró desde el principio que fue él quien dio la orden de alejar el petrolero.
Sea como fuere, el morbo de que Cascos, recién investido presidente del Principado de Asturias, tenga que acudir a una vista oral para referirse a un pasado incómodo cautiva a la acusación popular de Izquierda Unida y a algunos abogados que representan a afectados.
Este no es el caso de los letrados que representan a Nunca Máis, que en muchos aspectos fueron los que más encima estuvieron durante la fase de instrucción para hacer marcaje a los presuntos responsables en el entorno gubernamental.
Sus abogados, liderados por Pedro Trepat, han renunciado a pedir que el exministro de Fomento se siente en el banquillo como testigo. «Lo estuvimos valorando durante un tiempo, pero luego llegamos a la conclusión de que el juez siempre iba a considerarlo no pertinente», asegura.
No obstante, en el auto de la Audiencia Provincial de A Coruña con el que se volvía a imputar a José Luis López Sors, los magistrados hicieron un claro alegato a que la instrucción debería haberse dirigido a buscar responsabilidades en instancias más altas del Ministerio de Fomento. «La investigación cerró en una persona [el director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors] lo que tiene perfiles plurales en el escalafón de la jerarquía gubernamental», aseguraron entonces.