La corporación estudiará además posibles ilegalidades en las oposiciones
25 oct 2011 . Actualizado a las 15:57 h.Tras pasar por la Guardia Civil, Valedor do Pobo, Fiscalía y un juzgado de instrucción, el supuesto caso de tráfico de influencias achacado al alcalde pedáneo de Bembrive, funcionario municipal vigués y dirigente local del PSOE, Roberto Ballesteros, será objeto de una investigación especial en el Ayuntamiento de Vigo.
A propuesta del PP y con el apoyo del BNG, la corporación municipal acordó ayer crear una comisión de investigación a la que al grupo socialista de Abel Caballero no le quedó más remedio que sumarse, y en la que, además de estudiar el caso desvelado por una compañera de candidatura de Ballesteros, se analizarán también las denuncias que están surgiendo sobre las oposiciones que se llevan a cabo en el Ayuntamiento.
Correos electrónicos remitidos entre el denunciado y su compañera de lista, así como decenas de diálogos mantenidos en redes sociales por el funcionario, fueron remitidos por la denunciante a la Policía Judicial, al detectar en ellos alusiones a supuestos cobros de comisiones por gestiones urbanísticas y ayudas en pruebas de selección de personal. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo, cuya titular ha decretado el secreto de sumario.
El PSOE abre el foco
Con discursos muy medidos, tras notificar el pedáneo que se querellaría contra los que hoy lo «difamasen» en el pleno, el PP defendió la creación de la comisión «para aclarar cómo está gobernando el PSOE en minoría en este Ayuntamiento», así como para defender la honorabilidad del colectivo de funcionarios, que los populares consideran que se ha puesto en entredicho. A pesar de apoyar la creación de la comisión, el PSOE dejó entrever cuál será su postura en dicho órgano, al subrayar el concejal de Personal, Carlos López Font, que las denuncias recaen sobre «un auxiliar administrativo de la gerencia de Urbanismo que no tiene responsabilidades políticas ni ejecutivas», en alusión al puesto de Ballesteros como funcionario municipal vigués. El socialista acusó al PP de haber cometido ilegalidades en urbanismo y personal durante el Gobierno de Corina Porro, que, aseguró, serán investigadas también.
El BNG forzó a la corporación a poner en marcha la comisión como mucho en 17 días, después de que el PP designe a cuatro integrantes, el PSOE a otros cuatro, y el Bloque, que hará de árbitro, a uno más. Los nacionalistas exigieron dicho plazo para garantizar el inicio de las investigaciones y evitar que caigan en el olvido, como dice que ocurre con otros acuerdos del pleno.
«Se trata de aclarar cómo está gobernando el PSOE en minoría en este Ayuntamiento»
Antonio Bernárdez