Una de las mayores inversiones en obra pública de este país fue la T4 de Barajas. La inició un Gobierno del PP y la terminó otro del PSOE al principio de la primera legislatura. Sin embargo, los responsables socialistas de Fomento estuvieron pagándola religiosamente durante los últimos ocho años, incluido un sobrecoste de 2.000 millones.
Todos los Gobiernos tienen que pagar las obras de sus predecesores. Hasta el de Feijoo está hipotecado por la inversión en el Gaiás, decidida por un Ejecutivo de su mismo color. Lo que quizás no sea tan común es utilizar estas deudas como coartada para no acometer ciertas inversiones. En todos los Presupuestos hay un capítulo para amortizar deuda y pagar intereses, y otro para nuevas inversiones. De las palabras de Ana Pastor se desprende que entramos en un período en el que lo segundo estará muy supeditado a lo primero.
Pocos se sorprenderían de esto con la que está cayendo. Por eso se entiende mal que se recurra al rodeo dialéctico y a reuniones tan discretas, que no se publicitaron porque probablemente no había ninguna buena noticia que dar. Si un Gobierno que no cree en las subidas de impuestos se ve obligado a aumentarlos arrastrado por la realidad, se puede concluir sin sobresaltos que en materia de infraestructuras no le temblará la mano a la hora de decretar una moratoria de la obra pública que solo permita acometer proyectos urgentes.
En los últimos años, además, España ha invertido mucho más que la media europea en ferrocarril, autovías y aeropuertos, y ahora toca afrontar una enorme sangría económica en mantenimiento, que se llevará buena parte del gasto potencial en nuevos proyectos. Recurrir a más deuda tampoco parece ser la mejor solución y los planes de colaboración público-privados se enfrentan al escueto grifo del crédito.
El escenario es infausto, pero lo que sí tendrá que explicar algún día el nuevo equipo de Fomento son sus prioridades en el escaso margen inversor que va a tener. Y es ahí donde entraría Galicia. Se entiende que hay que sacrificar el hormigón para preservar el Estado del bienestar. Pero no se comprendería de tan buen grado que en Galicia se sacrificara más que en otros territorios, sobre todo aquellos que desarrollaron sus redes en la época de las alegrías presupuestarias. La ministra lo explicó con claridad. «En Galicia no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie».