Así lo ha afirmado hoy el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda
14 feb 2012 . Actualizado a las 15:19 h.El conselleiro de Presidencia, Administraciones Pública y Justicia, Alfonso Rueda, ha asegurado hoy que la Xunta continúa trabajando en tener todo preparado para la celebración del juicio del Prestige «a partir de septiembre».
«Dando por cierto que antes del verano, según nos transmiten las instancias judiciales, no va a tener lugar el juicio, nosotros trabajamos con esa idea de a partir de septiembre tenerlo todo preparado», ha afirmado Rueda en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez.
La comisión encargada de preparar el juicio, de la que forman parte Xunta de Galicia y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), «continúa trabajando para tenerlo todo preparado el día que sepa la fecha», y han comenzado ya las negociaciones con propietarios o concesionarios de las «dos o tres» ubicaciones que se manejan para albergar un juicio que va generar «muchísima atención»
«Si ahora supiéramos la fecha podríamos en muy poco tiempo decir el sitio», ha afirmado.
La causa del Prestige fue remitido el pasado día 14 de noviembre por el Juzgado de primera instancia de Corcubión al Audiencia Provincial de A Coruña, que deberá fijar la fecha del juicio.
Están acusados el capitán del buque, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia, así como el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por delitos contra el medio ambiente y daños.
Asimismo, están señalados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (Fidac), y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.
La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 1.264 millones de euros.