Los trabajadores pidieron en las siete ciudades la retirada del plan de recortes
24 feb 2012 . Actualizado a las 11:32 h.La Xunta confía en que los sindicatos no materialicen la huelga con la que llevan varias semanas amagando, pero las centrales están recibiendo una respuesta masiva por parte de los trabajadores a las movilizaciones contra los recortes en la función pública. Las manifestaciones organizadas ayer en las siete ciudades contaron con la participación de unas 20.000 personas, según las estimaciones de la Policía Local y de los cuatro sindicatos (CIG, CC.?OO., UGT y CSIF) que mantienen su unidad para pedir la retirada de unos ajustes que el Parlamento aprobará el martes y que estarán vigentes al menos hasta el 2014.
La movilización más numerosa, a tenor de los datos facilitados por la Policía Local, tuvo lugar en Ferrol y reunió a 4.000 personas. En A Coruña, 3.000 empleados públicos llamaron a la huelga general y clamaron contra los Gobiernos autónomo y central. Los sindicatos elevaron la participación a 7.000. En Ourense, las fuentes policiales calcularon en 2.500 los asistentes a una movilización que, según las centrales, contó con la presencia de 7.000 empleados públicos. Esta cifra fue algo inferior en Vigo, donde los sindicatos estimaron que 6.000 funcionarios protestaron contra los recortes. Al igual que en la ciudad olívica, tampoco facilitó datos de participación la Policía Local de Santiago, donde las centrales cifraron el alcance de la movilización en 8.000 personas. En Lugo, los agentes municipales calcularon en 2.000 los manifestantes que recorrieron el centro de la ciudad, una estimación que los sindicatos elevaron hasta los 3.000. En Pontevedra se echaron a la calle más de 2.000 trabajadores públicos según la policía, pero 10.000 según los sindicatos.
Las movilizaciones de ayer fueron de las más concurridas que se recuerdan en las siete ciudades en el ámbito de la función pública. En todas las protestas se llamó a la huelga contra unos recortes en las condiciones de los funcionarios en las que los sindicatos perciben un paso hacia el deterioro de la calidad de los servicios públicos.