La jueza investiga posibles delitos en contratos de la grúa y la ORA en A Coruña

Francisco Espiñeira Fandiño
francisco espiñeira A CORUÑA / LA VOZ

GALICIA

La concejala responsable de las concesiones a Vendex en el 2005, Nieves Vázquez, dice que no vio nada irregular y admite que recibió «algún detalle»

12 oct 2012 . Actualizado a las 13:10 h.

La gestión de las concesiones públicas por parte del grupo Vendex en el Ayuntamiento de A Coruña también están bajo el punto de mira de la jueza Pilar de Lara, que comanda las investigaciones de la llamada operación Pokémon y la supuesta trama de favores tejida entre la compañía de servicios y políticos de diferentes siglas y procedencia geográfica.

Ayer, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera acudieron a las dependencias del Ayuntamiento coruñés en María Pita con un escrito de la jueza Pilar de Lara, que instruye el caso Pokémon, para llevarse toda la documentación relativa a los expedientes de la concesión del servicio de la grúa y la vigilancia del estacionamiento regulado (ORA) en la ciudad durante el año 2005, cuando era alcalde el socialista Francisco Vázquez, y concejala de Contratación, Nieves Vázquez. Los agentes entraron al Servicio de Contratación y se hicieron con abundante documentación, que trasladaron en su propio coche. El registro se produce una semana después de que el gobierno local coruñés remitiese un escrito a la Fiscalía ofreciendo toda su colaboración.

Ante la imposibilidad de trasladar toda la documentación por sus medios, los agentes acordaron regresar una vez finalizado el horario de atención al público para completar la operación de traslado de las pruebas documentales. A las tres de la tarde, acompañados por un agente de la Policía Local, entraron al palacio municipal y poco después salieron con un arcón metálico, que se encontraba en un despacho municipal y lo metieron en un camión de mudanzas.

Doal, una de las filiales de Vendex, es titular de la concesión de la grúa y la ORA desde el 2005, en un contrato por diez años por 3,7 millones de euros anuales. El concurso estuvo marcado por la polémica desde el primer instante. La anterior concesionaria, Setex Aparkisa, recurrió a los tribunales la resolución, aunque el Tribunal Superior de Xustiza falló en última instancia que la adjudicación municipal se ajustaba a derecho.

Desde entonces, el servicio no ha dejado de ser deficitario, con pérdidas de más de 300.000 euros en el primer semestre del año. El Ayuntamiento anunció en días pasados su intención de revisar la concesión y la posibilidad de retirar la adjudicación al grupo Doal, «si hay alguna irregularidad».

La jueza de la operación investiga las concesiones municipales