«Un cajero no es un guardia de Tráfico», dicen sobre la orden de Interior
08 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La reforma legal hecha por el Ministerio del Interior para facultar desde el día 1 a los empleados de las autopistas a emitir sanciones de tráfico contra los automovilistas que no paguen los peajes o cometan infracciones en dichos viales fue recibida ayer como «una auténtica sorpresa» por los trabajadores de Audasa. Inquietos por la rebaja del 5 % que aseguran trata de aplicar a sus salarios la concesionaria y por el posible recorte de puestos de trabajo que estiman pueda conllevar la expansión de los carriles de telepeaje, los miembros del comité de empresa analizaron ayer la orden de Interior, resaltando las lagunas legales que aseguran ver en la reforma legal que da a sus denuncias el mismo valor probatorio que las que emiten los agentes de Tráfico.
Desconocimiento total
«Conocemos por la prensa la decisión del Gobierno y no hemos recibido notificación alguna de Audasa, ni sabemos si su verdadera intención es la de que hagamos de agentes de la Guardia Civil», señala Ángel Alonso, presidente del comité de empresa y delegado de UGT. A su entender, no queda claro si se trata de una obligación que a partir de ahora recae de manera inexcusable sobre los empleados de la concesionaria, si es una decisión personal de cada trabajador o debe ser la propia empresa la que decida asumirla, o incluso si dicha capacidad sancionadora se extiende al personal que controla la circulación de la autopistas mediante cámaras.
«Un cajero no es un guardia de Tráfico, y bastante tenemos con cobrar y atender las incidencias del tráfico», clama Marcos Pérez, de CC.?OO., que advierte que la reforma aplicada por Interior tendría en todo caso que conllevar una negociación laboral, la aplicación de medidas de seguridad para los empleados autorizados a sancionar y que deben requerir de identificación a los automovilistas, y también las pertinentes compensaciones salariales por la nueva tarea a realizar.
A favor de las concesionarias
Pérez Rodríguez considera en todo caso que medidas como la ampliación de la capacidad sancionadora «solo se hace para beneficiar a las concesionarias» y mitigar así el descenso en el volumen de tráfico que están registrando las vías de pago desde el inicio de la crisis.
Similar interpretación hace Tano Guerra, de la CIG. «O Goberno mudou a lei a petición da patronal das autoestradas, facendo unha reforma que deixa sen respaldo legal o posible erro dos traballadores á hora de tomar nota das matrículas ou outras incidencias», apunta. Para Guerra está claro que el Gobierno está siguiendo las mismas iniciativas que en materia de peajes tomó la Administración de Portugal, que extendió incluso los peajes a sus autovías desde finales del 2010. «Agora responsabilizan ao persoal das autoestradas da persecución das protestas sociais contra as peaxes e os impagos, pero non teñen en conta que hai pasos onde un só cobrador atende hasta seis carrís», añade, haciendo referencia a salidas secundarias en las que desde una única cabina se cobra el paso en ambos sentidos y se controlan las vías de pago mecánico y también los dos carriles automáticos.