Priorizará la revisión competencial a la eliminación de al menos 760 ediles
18 ene 2013 . Actualizado a las 11:06 h.Rajoy puso patas arriba el municipalismo en julio pasado, con la presentación de un primer plan que iba a suponer la supresión de 1.143 concejales en Galicia, un fuerte ajuste en las retribuciones de alcaldes y cargos electos, y la pérdida de competencias para los concellos en favor de las diputaciones. El Gobierno olvidó esas intenciones en el cajón a la vuelta del verano, para aplacar a los regidores durante las autonómicas. Y ahora se dispone a buscar la complicidad social con un anteproyecto renovado sobre el ajuste en los ayuntamientos. El esquema de ese plan verá la luz este mes y contemplará el recorte de entre el 20 y el 30 % de los ediles.
Los alcaldes hacen números, pero Hacienda no concreta. El mensaje que ha trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es que no dispone aún de un criterio cerrado, aunque el municipalismo da por hecho que se moverá en esa horquilla. Esto implica que la medida que se tramitará a través de una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) se llevaría por delante un mínimo de 762 concejales y un máximo de 1.143 en los 315 ayuntamientos gallegos. En los 8.116 municipios españoles, se suprimirían de 13.692 a 20.538. Por ahora, se trata solo de una aproximación en trazo grueso a una medida que tendrá más incidencia en los concellos más poblados, esto es, en las ciudades y sus áreas de influencia.
Junto a este recorte de cargos, la otra pata de esa reforma legal es el control de las retribuciones de los alcaldes. Descartada aquella criba inicial de limitar los salarios anuales de los miembros de la corporación al 0,6 % del presupuesto municipal, Hacienda cederá a la demanda del municipalismo de una tabla que vincule las nóminas al censo y presupuesto de cada ayuntamiento, con tramos salariales referenciados a las retribuciones de los altos cargos de la Administración del Estado. Aunque esta golosa medida desde el punto de vista mediático solo tendrá carácter orientativo, porque preservará la autonomía del municipio para decidir en pleno sus retribuciones.
La amplia revisión del ámbito local también eludirá imposiciones sobre la fusión de ayuntamientos, el otro frente de inquietud de los alcaldes. Y solo laminará aquellas mancomunidades que no sean solventes. En principio, al municipalismo le suena bien la música que le llega de unos ajustes suavizados por el Gobierno tras la estampida que Rajoy desató en julio.
Pero la materialización de esas reformas tendrá que esperar, porque el Ejecutivo central abrirá el melón por la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, para reordenar el mapa competencial y eliminar duplicidades. Esto es lo que más interesa a los alcaldes, que quieren desprenderse de las competencias que ejercen sin que les corresponda, principalmente en los ámbitos educativo y sanitario, pero que aguardan también por un nuevo sistema de financiación más equitativo. Con el actual, los 315 concellos reciben del Estado 114 millones menos de lo que deberían en relación a su peso poblacional.
A pesar de que el Gobierno aspira a hilvanar un complicado acuerdo con el PSOE, que el PP juzga «imprescindible», sobre el nuevo mapa competencial y la liquidación de parte de las 1.400 mancomunidades que existen en España, los populares quieren dar un impulso a la reforma del ámbito local en una reunión intermunicipal que hoy y mañana reunirá en Almería a cientos de cargos municipales y provinciales del partido. Esta cita coincidirá con el arranque del congreso del PP gallego.