Deniegan la libertad al exasesor de Conde Roa, por riesgo de fuga

xurxo melchor / xosé carreira SANTIAGO , LUGO / LA VOZ

GALICIA

La Audiencia de Lugo ve en Ángel Espadas un cabecilla de la trama Manga

12 mar 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

La Audiencia Provincial de Lugo ha rechazado el recurso contra el auto de prisión provisional sin fianza presentado por el que fue jefe de gabinete de Gerardo Conde Roa (PP) mientras fue alcalde de Santiago. Ángel Espadas deberá por tanto seguir en el penal de Teixeiro (A Coruña), en el que está ingresado desde que el pasado 14 de febrero fue detenido en el marco de la operación Manga, la secuela de la Pokémon, imputado por tráfico de influencias, cohecho y utilización de información privilegiada.

Entiende el tribunal que existe riesgo de fuga debido a las «elevadas penas que llevan aparejadas los delitos que se le imputan» a Espadas, según se refleja en el auto. La otra razón por la que se confirma la prisión provisional para el que era la mano derecha de Conde Roa y un peso pesado en el PP compostelano es que se le considera como uno de los cabecillas de la presunta trama de corrupción política que investiga la jueza de Lugo Pilar de Lara.

Investigaciones en marcha

La Audiencia también revela que la magistrada tiene en marcha «diversas investigaciones» abiertas sobre este caso que, considera, «podrían verse frustradas en el supuesto de que el recurrente -Ángel Espadas- estuviese en libertad».

La defensa de Espadas presentó el recurso contra el auto de prisión provisional comunicada y sin fianza el pasado 16 de febrero, nada más ingresar en la cárcel.

Entre esas investigaciones en marcha por las que se ha denegado la libertad a Ángel Espadas está la del contrato de la gestión de las multas del Concello de Santiago. La investigación apunta a que el ex jefe de gabinete de Conde Roa medió para que el servicio se adjudicase a la firma catalana GRS Arc Local, involucrada en la operación Manga con dos directivos detenidos, uno de ellos, Alexandre Ros, para el que también se decretó prisión provisional sin fianza.

El contrato de la gestión de las multas fue recurrido por la empresa que presta actualmente el servicio, SCI, que cree que se adjudicó irregularmente.