El Congreso aún tardaría más de un mes en autorizar que fuese juzgado
13 mar 2013 . Actualizado a las 10:23 h.La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que existen indicios suficientes para juzgar al exministro de Fomento José Blanco por la causa abierta contra él en el caso Campeón. Tras escuchar a los cuatro miembros del ministerio público de la Sala de lo Penal, el fiscal del caso, Manuel Dolz, presentó ayer una petición ante el juez para que solicite al Congreso de los Diputados que levante la condición de aforado de Blanco, al ser diputado, y proceda a su enjuiciamiento.
A lo largo de 28 folios el fiscal da cuenta de los indicios que a su juicio justificarían la apertura de una vista oral contra José Blanco por tráfico de influencias, delito al que añade el de prevaricación, aunque no especifica qué resolución injusta pudo haber tomado el político gallego en su etapa de ministro.
El fiscal echa mano de conversaciones telefónicas y mensajes intervenidos entre a otros a Blanco y a José Antonio Orozco, amigo de la infancia del político lucense y actual presidente del grupo de transportes Azkar. En base a esos pinchazos -que la defensa del socialista gallego ha venido insistiendo en que no contaron con permiso judicial- el fiscal asegura que «gracias a las actuaciones del señor Blanco a favor de su amigo el señor Orozco, la empresa de este pudo obtener el 7 de marzo del 2011 las licencias favorables del Ayuntamiento de Sant Boi, las cuales estaban pendientes de requerimientos municipales, cuyo cumplimiento le hubiera supuesto un coste económico elevado», que cifra entre 175.000 y 500.000 euros.
La influencia de Blanco
El fiscal estima que ante los problemas que el amigo del entonces ministro se estaría encontrando en la tramitación de licencias para abrir una nave logística junto al aeropuerto barcelonés de El Prat, Orozco requirió la ayuda del responsable del Ministerio de Fomento.
«La influencia del señor Blanco para la obtención de la licencia ambiental favorable para la empresa del señor Orozco se articuló a través del secretario de Transporte del Ministerio de Fomento», relata el fiscal.
Distinta versión
El exministro ha reconocido desde el principio tanto el interés de su amistad en que se desbloqueasen los permisos a la citada nave, como el haberse interesado en el ministerio por la situación legal del proyecto, negando a mayores cualquier presión o influencia para eliminar obstáculos legales o favorecer a Orozco. La Fiscalía no lo ve así y estima que el secretario de Estado intercedió ante el alcalde de Sant Boi por orden de Blanco y que gracias a esa gestión se cambiaron aspectos del proyecto, se dieron facilidades desde la alcaldía del municipio catalán y los dos informes negativos de los técnicos locales cambiaron su sentido.
«Siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno de tu país», añade el fiscal en su escrito reproduciendo una de las conversaciones telefónicas de Orozco posteriores a la consecución de la licencia para probar esa vinculación de amistad entre ambos, aunque en ningún caso se da cuenta de transcripciones de Blanco anunciando la realización de gestiones por su parte.
Tras la petición fiscal, corresponde ahora al juez decidir si solicita o no el suplicatorio al Congreso para juzgar a Blanco, trámite que en la Cámara baja requiere como mínimo de un mes, que se puede alargar por la Semana Santa y los recursos pendientes de resolver.