La jueza De Lara podría dejarlo en libertad después de que el imputado en la operación Manga se prestase a declarar
25 mar 2013 . Actualizado a las 11:12 h.Es cuestión solo de horas. El que fue gerente de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez, detenido hace algo más de un mes en la operación Manga, segunda fase del caso Pokémon, dejará la cárcel de Bonxe en un plazo muy breve de tiempo. Lo hará después de declarar voluntariamente ante la jueza Pilar de Lara Cifuentes en la jornada del pasado jueves. Las casi ocho horas de declaración, partidas en dos fases, dieron para mucho y el imputado ofreció valiosas informaciones para la investigación, como indicaron varias fuentes. Eso hará que la magistrada lleve a cabo posiblemente más acciones en el transcurso de los próximos días.
De no querer hablar pasó a aportar multitud de detalles. Míguez cambió de abogado. Encargó que alguien llamara a la puerta de uno de los despachos más caros y prestigiosos del país y contratara a Luis Rodríguez Ramos, que se desplazó a Lugo para acompañarlo en la declaración junto a otro letrado de su equipo. Ramos lleva diversos casos relacionados con la corrupción en Mallorca y defiende al Ayuntamiento de Madrid en el caso Madrid Arena. En definitiva, quien fue responsable de Aquagest, una de las empresas que está siendo investigada, decidió jugárselo todo a conseguir su salida de prisión y cuanto antes.
Los abogados que se ocupan de su defensa elaboraron en los últimos días el recurso que le presentarán esta misma mañana a la jueza De Lara, pidiéndole su puesta en libertad, aduciendo entre otras razones que tiene arraigo en Santiago y que, por tanto, no existe riesgo de fuga. Es posible, además, su deseo de declarar y colaborar con la investigación y, además de forma voluntaria. El recurso será enviado posiblemente hoy mismo a la Fiscalía para que emita un informe. Por cierto que Míguez quizás hubiese estado en libertad si el fiscal, sorprendentemente, asistiese a la declaración de este, sin que se conozcan públicamente las razones de esa ausencia. El jueves el fiscal jefe zanjó el asunto explicando que se debía exclusivamente a cuestiones de programación.
Todo apunta a que Míguez recibió en prisión informaciones de que varios de los imputados habrían contado a la jueza detalles que presuntamente lo implicarían por su cargo en la empresa. Sin embargo, este directivo habría contado a la jueza que era él quien recibía presiones de varios imputados para que colaborase y lograr para su firma una prórroga, hasta el 2019, del servicio de aguas de Santiago. Que las actuaciones estén declaradas secretas impide conocer aspectos concretos de su declaración, que su abogado valoró como muy positiva.