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El Estado acaba de pagar su última deuda por este accidente, los cerca de 10 millones que debía a la aseguradora de la carga. El «Prestige» podría seguir un rumbo similar
28 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La posibilidad de volver a repetir este escenario con el caso Prestige hace temblar a las autoridades españolas. Veinte años después de un accidente por el que fue condenado un empleado público -el práctico del puerto de A Coruña-, el Estado ha agotado todos los recursos judiciales y ha terminado de pagar recientemente los 11,5 millones de dólares correspondientes al petróleo que perdió Repsol en el accidente del Mar Egeo. Esto supone el cierre definitivo de un caso que surgió hace dos decenios, un recorrido que en el caso del Prestige podría prolongarse aún más.
Se trata del crudo que no pudo recuperarse -algo menos de la mitad pudo salvarse- después de que el petrolero encallara a la entrada del puerto de A Coruña el 3 de diciembre de 1992. La compañía Repsol era la propietaria de la carga y fue inmediatamente indemnizada por la aseguradora Musini, más tarde integrada en Mapfre. Después de que esta última compañía percibiera el importe de su cobertura de un grupo de firmas reaseguradoras, solicitaron al Estado la cantidad abonada durante el proceso de ejecución de la sentencia penal de abril de 1996, confirmada por la Audiencia en junio de 1997. Como esta vía no tuvo éxito, la aseguradora planteó una reclamación patrimonial por los 11,5 millones contra el Ministerio de Defensa, pues los prácticos dependían entonces de este departamento.
La Audiencia Nacional condenó en el 2006 a la Administración a pagar la carga. A partir del 2009, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia tras desestimar sendos recursos de casación presentados por el Estado y dio por bueno el fallo de la Audiencia Nacional.
Después de este largo proceso, todavía hubo una larga discusión por los intereses de demora que debía abonar la Administración e incluso por el cambio con el dólar que había que aplicar, recuerda el abogado José Luis Goñi, quien junto a Rodolfo G. Lebrero representaron a la aseguradora. La empresa defendía que había que aplicar los holgados intereses de demora con los que en su momento se compensó a los afectados por el vertido.
Finalmente, España se vio obligada a pagar 9.623.099,52 euros, de los que 775.570 son intereses de demora durante el tiempo que ha durado el procedimiento judicial.
El Estado puede verse obligado a más pagos como este -o a perder los que ha desembolsado- si finalmente es condenado el ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors en el caso Prestige. La sentencia de 1996 del Mar Egeo condenó solidariamente al capitán del barco y al práctico de A Coruña. El Estado fue declarado responsable civil subsidiario por la imprudencia temeraria de su empleado público, por lo que tuvo que abonar buena parte de las compensaciones.
El cuerpo central del caso Mar Egeo ha sido cerrado. Tan solo quedaría por zanjar una reclamación civil de una cetárea contra el Fidac. Pero en su momento se reservaron las acciones civiles y no se personaron en la causa penal.
Los mismos abogados para el entorno del buque. Los abogados que defendían entonces al capitán y al armador del «Mar Egeo» son los mismos que ejercen estos días la defensa del capitán Mangouras y de la empresa Mare Shipping en el macrojuicio del «Prestige». El prestigioso maritimista José María Ruiz Soroa (1), su compañero de bufete Santiago Zabaleta (2) y la letrada coruñesa María José Rodríguez Docampo (3).