La idea de revisar el estatuto de los funcionarios, para tratar de dotar a las plantillas de una mayor flexibilidad, no es en realidad nueva, ya que es una de las propuestas que desde hace años se plantean desde diferentes sectores encargados de la gestión de la Administración pública (no solo en los servicios sanitarios) para tratar de desterrar las rigideces de un sistema basado en un esquema funcionarial clásico.
En un principio, es muy interesante que se abra este debate, como lo es en general que se abran todos los debates relativos a la flexibilización de las estructuras administrativas y empresariales de cara a mejorar su eficiencia. Pero el traslado de esta idea, que ahora retoman los consejeros de Sanidad de varias comunidades autónomas, desde el plano teórico a la práctica se puede encontrar con muy serias dificultades jurídicas por el camino. Hay que recordar que estamos hablando, en numerosos casos, de situaciones consolidadas y complejas que requieren un tratamiento muy delicado. Sería bueno analizar las diferentes posibilidades de flexibilizar la gestión del personal sanitario para tratar de lograr unos resultados más eficientes, especialmente en este escenario de recortes de recursos, pero siempre teniendo en cuenta la necesidad de respetar los derechos adquiridos de los profesionales.