El rechazo vecinal logró parar la empacadora de Vilaboa o la incineradora de O Irixo
19 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Antes del salto a la fama de la técnica del escrache, los vecinos de Bértola y Figueirido, en el concello pontevedrés de Vilaboa, ya la practicaban. Fue de esa forma, luchando y protestando en la calle, como lograron parar el proyecto de instalar una empacadora de basuras en el municipio. Lo ocurrido de Gamonal, en Burgos, donde el rechazo vecinal ha obligado al alcalde a paralizar las obras de un bulevar, recuerda aquella lucha de cuatro años que acabó costándole el Gobierno local al PP. Pero esa no fue el único proyecto que la movilización popular pudo parar en Galicia. La Sogama del sur planeada en el concello ourensano de O Irixo, la variante de Dorrón en Sanxenxo, la mina de Corcoesto o la de feldespato de A Limia, el cambio de localización de una instalación del plan de saneamiento para salvar el Jardín de la Ranita, en Ferrol, o el derribo de una casa ilegal en Becerreá son algunos de ellos. Estos fueron los más sonados:
Empacadora de Vilaboa
«Los escraches de ahora ya se hacían entonces»
«Los escraches de ahora ya se hacían entonces, la diferencia es que no se les llamaba de esa forma». La abogada Cristina Bugarín, del bufete Calixto Escariz, no olvida la movilización popular para parar la empacadora de Vilaboa. «Nuestro bufete llevaba la defensa jurídica de los vecinos. Recuerdo que en aquella época tuvimos muchos juicios de faltas. Por sanciones por acudir a manifestaciones no autorizadas o incluso hubo un grupo que saltó al coso de la plaza de toros de Pontevedra para protestar. Al final lograron parar el proyecto», recuerda. Aquel conflicto duró cuatro años. Comenzó en febrero del 1997 cuando el PP de Vilaboa aprobó la instalación de la empacadora de basura. Los contrarios al proyecto organizaron numerosas manifestaciones que multiplicaban en época electoral. Durante la campaña para las autonómicas de aquel año era habitual que irrumpieran en los mítines que daban en Pontevedra Manuel Fraga o el entonces conselleiro de Obras Públicas, Xosé Cuiña. Hasta llegaron a boicotear una inaguración de este último en Monte Porreiro. Y uno de los concejales del PP de la época en Vilaboa, que vivía en Figueirido, fue objeto también de continuas protestas. «Hace poco que volvió a hacer vida social por aquí», dicen algunas fuentes. Hubo que esperar hasta el 2001 para zanjar el conflicto. De hecho no llegaron ni a expropiarse los terrenos.
Incineradora de O Irixo
«De non retirar as axudas ás renovables continuariamos pelexando tipo Burgos»
«Empezamos a movernos de alí a dous días de coñecer que querían facer a incineradora en O Irixo», recuerda el secretario de la Federación de Asociaciones de Vecinos de O Carballiño, Adolfo Otero, que vivió de cerca las protestas contra la puesta en marcha de una incineradora en el concello ourensano de o Irixo. Las protestas, apoyadas también por alcaldes populares como el de O Carballiño y el de Lalín, empezaron en el 2011 y se prolongaron durante más de un año. Porque fue en septiembre del 2012 cuando la Xunta descartó contruir una planta en el sur de Galicia. La solución para acabar con el conflicto pasó por ampliar el complejo de Sogama.
«Non somos políticos. O único que queriamos era protexer o medioambiente. Pero hai que ser honestos, a planta incineradora parou porque o Goberno central sacou as subvencións para as enerxías renovables. De non facelo aínda estariamos pelexando tipo Burgos», dice Adolfo. La nueva normativa eléctrica aprobada por el Gobierno de Rajoy puso en bandeja a la Xunta la excusa para dar marcha atrás a un proyecto que estaba adjudicado. Menos de tres meses después de haber defendido su ubicación en O Irixo, el propio Feijoo avanzó que la planta podría instalarse fuera de la provincia de Ourense después de que la diputación, con José Manuel Baltar Blanco a la cabeza, cuestionara su localización. Y también el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, dudó luego de la viabilidad de la Sogama de Sur.
Derribo en Becerreá
Una vivienda en vías de legalización un año después de la protesta
Hace un año Lamas, un pueblo del concello de Becerreá, se unió y salió a la calle para evitar que a uno de sus vecinos le tiraran la casa. La actuación estaba confirmada por una sentencia firme porque la vivienda había sido construida en suelo rústico de especial protección agropecuaria y no tenía licencia. Su lucha, que se saldó con varios detenidos pendentes aún de juicio, ha dado fruto. La Xunta ha aprobado una delimitación de núcleo en Lamas. Ahora falta presentar el proyecto para pedir la licencia de la casa y esta quedará legalizada.
Mina en A Limia
Los tractores ganan la partida
En febrero del año pasado vecinos de varios concellos de la comarca de A Limia unieron sus fuerzas para pedir a la Xunta que no diese el visto bueno a una mina de feldespatos en Xinzo. En mayo unos cuarenta tractores salieron a la calle para protestar contra el proyecto. La Xunta le dio carpetazo en junio.