Los investigadores no descartan más detenciones tras analizar las pruebas
20 feb 2014 . Actualizado a las 13:15 h.El gobierno municipal de Vigo espera que en las próximas horas agentes de la Policía Judicial lleven a cabo nuevos registros en dependencias del consistorio, a pesar de que el lunes ya realizaron pesquisas en tres departamentos de dos miembros del equipo de Abel Caballero durante ocho horas.
El propio equipo del regidor vigués es consciente de que en el ayuntamiento se centra gran parte del interés de los investigadores de la operación Patos, y ya ha transmitido a técnicos y empleados que estén preparados para un nuevo registro. En concreto, la concejala de Economía, Facenda e Contratación, Raquel Díaz, ha advertido personalmente a funcionarios adscritos a su área que colaboren en el previsible nuevo registro.
Según ha sabido La Voz, en esa segunda incursión de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se trataría de obtener facturas pagadas por el Ayuntamiento a las empresas vinculadas a la operación. Díaz sería la tercera concejala del equipo de Caballero afectada por las investigaciones, que hicieron que fueran peinados tanto los despachos de David Regades, exjefe de gabinete del alcalde y responsable del plan de obras de mejora de aceras que centra la gestión del regidor vigués, como de Ángel Rivas, el edil responsable de parques y jardines y hombre de confianza de Caballero en el PSdeG local.
Nulas explicaciones
Abel Caballero, que ayer por primera vez en meses no programó comparecer ante la prensa, lo hizo finalmente tras saber que lo había hecho el jefe de la oposición y vicepresidente de la Diputación, José Manuel Figueroa. Eso sí, el alcalde se remitió únicamente a su valoración del primer día en la que se limitó a prometer transparencia ante la acción judicial.
Más parcos fueron aún tanto la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo, y el presidente del Puerto, Ignacio López Chaves, cuyas instituciones que preside fueron también objeto de registros. Curiosamente, la representante de la Xunta no acudió incluso a un acto de Núñez Feijoo en O Porriño, acompañamiento que suele hacer siempre que el presidente gallego se desplaza al área viguesa. A una llamada de este periódico, María José Bravo respondió de manera airada por tratar de hablar con ella en un teléfono personal que ella misma había facilitado con anterioridad. Ante la petición de una valoración sobre la implicación en los registros de la delegación que preside, colgó el teléfono.
El responsable del Puerto no consideró, por su parte, oportuno hablar del caso, y su equipo se limitó a cifrar en 24.000 euros el contrato adjudicado a Eiriña que había sido requerido por la Policía Judicial.
Santiago Domínguez, edil del BNG y vicepresidente del consorcio del Casco Vello, también registrado, se limitó a asegurar que no sabía nada del tema, mientras que el líder del PP local y número dos de la Diputación pontevedresa aseguró no conocer qué se persigue en las investigaciones. Eso sí, Figueroa pidió que se separe la detención del propietario de Eiriña del hecho de que su hija, Alexia Alonso, sea edil del PP en Vigo, a cuyo consistorio no acudió ayer.
Núñez Feijoo advirtió por su parte en su visita a O Porriño que «pagará el pato el que cometa alguna irregularidad», mientras conminó a esperar a las resoluciones de la Justicia y a las reacciones que ante ellas tomen los responsables de los partidos e instituciones que puedan verse afectadas.